Fiscal considera inadmisible que una nación se preste para atacar la democracia de otro país
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Publicado: 18/04/2018 06:25 PM
El fiscal general, Tarek William Saab, expresó este miércoles que en el derecho internacional público es inadmisible que una nación permita que en su territorio se desarrollen actividades para atentar contra la democracia de otro país, como ocurrió con el grupo de abogados prófugos de la justicia venezolana que iniciaron en Colombia una maniobra sin fundamentos legales, bajo la fachada de un antejuicio de mérito, en contra del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.
En entrevista concedida a Unión Radio, calificó este acto como "bufo" y subrayó que "la única persona autorizada en territorio venezolano para iniciar un antejuicio de mérito contra el Presidente constitucional, es el fiscal general".
Sobre Ortega Díaz, exfiscal prófuga de la justicia venezolana que impulsó esta maniobra, señaló que "ha llegado al tope de lo más antivenezolano y apátrida" y la acusó "de impulsar desde el extranjero una invasión a nuestro país" y de buscar "la demolición de las instituciones democráticas".
Frente a ese panorama, Saab instó a la cancillería venezolana a que entregue una nota de protesta al Estado colombiano "por prestar su territorio para conspirar y atentar contra la paz de nuestro país".
La pretensión de este grupo de abogados prófugos, avalada por la derecha parlamentaria desde la Asamblea Nacional, instancia en desacato de órdenes judiciales, forma parte de la agenda desarrollada por factores de la derecha nacional e internacional, en conexión con el gobierno de Estados Unidos y sus aliados, para activar la tesis del "Estado paralelo" y justificar una intervención en Venezuela.
En cuanto a Ortega Díaz, fue destituida de su cargo en agosto de 2017, luego de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declaró con lugar una solicitud de antejuicio de mérito en su contra, la cual fue interpuesta por el diputado Pedro Carreño por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio del cargo.
Ha sido acusada por el Ministerio Público de apoyar el plan sedicioso que ejecutó la extrema derecha entre abril y julio del año pasado, de dirigir una red de extorsión en la Fiscalía y de estar involucrada en el sobreseimiento de investigaciones relacionados con Odebrecht.
AVN