Publicado: 27/09/2023 09:00 PM

Hace 30 años, el niño César García Villarroel, fue asesinado de un disparo en la región intercostal cuando regresaba de un parque de atracciones junto a sus padres.

En ese momento, un pelotón de la Guardia Nacional (GN), disparó contra un grupo de personas que se encontraban reunidas en la planta baja del bloque 4 de Lomas de Urdaneta, donde vivía la familia García Villarroel.

Los padres de la víctima, Julio García y Mercedes Villarroel, vivían en el apartamento 9 del mencionado bloque junto con el fallecido menorcito.

Ese sábado en la noche, a las 9:00 p.m. un pelotón de la GN realizó un operativo en la zona, según quedó registrado en el libro de novedades del módulo de la Policía Metropolitana.

El abogado de las víctimas, Tareck Willam Saab, Defensor de los Derechos Humanos, negó la versión de un enfrentamiento entre agentes policiales y la GN, y solicitó formalmente a las autoridades que el caso se ventilara por ante la jurisdicción penal ordinaria, pues se trataba de un delito de homicidio calificado.

Curiosamente cuando se efectuó la audiencia para reconocer a través de un espejo al efectivo uniformado autor del infanticidio, no estuvo en la rueda de indiciados el GN que encañonó al padre con el niño muerto en brazos.

Clara señal de encubrimiento por parte del General Barrios Puche, quien aseveró que “los tribunales militares iban a ser incluso más implacables que los propios tribunales ordinarios civiles”. Esto nunca ocurrió.

Las autoridades castrenses intentaron desviar el juicio a la jurisdicción militar para revestir de impunidad el infanticidio cometido por efectivos subalternos.

Eran los tiempos de la paranoia gubernamental en que el presidente Pérez desarrolló antes de su destitución.   

Ramón J. Velázquez asumió la presidencia accidental, al heredar toda la barbarie represiva de su antecesor, instalada para arremeter contra los alzamientos y sacudones producidos por el MBR-200.

REDACCIÓN MAZO