Caso Diosdado: Se reaviva debate sobre leyes antifakes

Publicado: 20/04/2021 01:40 PM

La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de multar al periódico El Nacional como consecuencia de la demanda introducida por Diosdado Cabello por difamación y daños morales, retoma el debate sobre la desinformación como estrategia política en sociedades profundamente polarizadas y en consecuencia nos remite a revisar la proliferación de  legislaciones que establecen sanciones para las informaciones falsas. La supuesta objetividad de los medios de comunicación, cuyos dueños participan activamente en la vida económica o política de sus países, es excesivamente frágil, por lo que diversos actores, incluidos  Presidentes,  se rebelan abiertamente contra el monopolio de la información.

La lucha contra el fake

La demanda del dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela contra tres medios de comunicación El Nacional, el portal La Patilla y el Semanario Tal Cual, data de 2015, por replicar informaciones en las que un Capitán de la Armada lo acusa de ser “cabecilla de un cartel del narcotráfico”. Cabello solicitó una demanda por daños morales y difamación y exigió a los medios que presentarán pruebas. La sentencia del alto tribunal que obliga a El Nacional a pagar mil millones de bolívares, ha sido calificada por la editora como un “atentado a la libertad de expresión”, sin embargo, nunca presentaron evidencias de sus afirmaciones.

Si bien en Venezuela la desinformación como arma política combina estrategias entre prensa escrita, audiovisuales y estrategias digitales, combinadas con el uso de bots y trolls para manipular la opinión pública en internet, el uso de las fake news o informaciones falsas es un fenómeno mundial. Tanto que el diccionario de Oxford calificó en 2017 la palabra “fake news” como la palabra del año entre 450 millones de vocablos.

Venezuela no es el único país que cuenta con legislaciones que  le otorgan a los ciudadanos y ciudadanas posibilidades de defenderse ante lo que consideren una información falsa. A partir del 2018 han proliferado en el mundo  legislaciones en esta materia.

Ya en 2016, la fuerza política de la canciller alemana Angela Merkel, la Unión Cristiano Demócrata, solicitó una legislación que permitiera penar las informaciones falsas. La propuesta se presentó de cara a las elecciones  generales y planteaba entre otros objetivos la necesidad de agravar las penas. La solicitud establecía que “debería estar penada la desinformación con un objetivo concreto para desestabilizar un estado”.

En Julio de 2018 la Asamblea Nacional francesa aprobó 2 proyectos de ley dirigidos “a controlar las noticias falsas o fake news en períodos electorales” impulsado en su momento por el Presidente Emmanuel Macron. El texto de la ley dice textualmente “que se propone luchar contra la manipulación de la información”.

Pero es el ex Presidente Donald Trump quién como él lo definió “visibilizó” las fake news y en mayo del 2020 firmó una orden ejecutiva destinada a eliminar algunas de las protecciones legales tradicionalmente otorgadas a las plataformas digitales a fin de que asumieran legalmente la responsabilidad del contenido que publican sus usuarios. Emprende desde entonces una campaña sostenida contra los multimillonarios dueños de las plataformas digitales quienes llegaron a suspender sus comentarios y opiniones.

Más al Oriente en Malasia, se impulsa la campaña “Compartir una mentira te convierte en mentiroso” como complemento de la Ley Anti Fake News, que establece pena con 6 años de cárcel por compartir informaciones falsas o parcialmente falsas en internet.

En el caso venezolano las expectativas de la población por legislaciones que los protejan ante el desequilibrio  informativo y los intereses particulares de los dueños de medios de comunicación y los ahora “influencers”, se ha venido expresando a lo largo de los debates de las diversas legislaciones que han sido sometidas a parlamentarismo de calle.

Es muy difícil conseguir una ley en el país en la que el movimiento social que lo acompaña no deje plasmado su preocupación por el tipo de información qué los medios difunden. Leyes como la Ley de Educación, las Leyes del Poder Popular, la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, son algunas de las legislaciones en las que se plantea la necesidad de educar, prevenir y sancionar ante la distorsión informativa. Expectativas que luego recoge la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) hoy en revisión en la Asamblea Nacional.

“El equilibrio entre los intereses ciudadanos y el poder mediático es uno de los objetivos a alcanzar, asumiendo la protección de los usuarios y usuarias por encima de los intereses particulares de concesionarios que usan un bien de dominio público”. Premisas sobre las cuales surgen las organizaciones de usuarios y usuarias  establecidas en la Ley Resorte que a lo largo de estos años han presentado ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL y el Ministerio Público denuncias de casos sobre el uso interesado de los medios de comunicación en el ámbito político, social, económico y en procesos de desestabilización. Como por ejemplo su papel en el golpe de estado del 2002 o situaciones como la reciente demanda contra DIRECTV.

Estudios demuestran que de diciembre del 2002 hasta febrero del 2003 en el llamado “Paro Cívico” se emitieron más de 17.500 anuncios en contra del gobierno en 62 días, ocasionando pérdidas acordadas por 800 millones de bolívares  por no transmisión de cuñas publicitarias.

En el marco de las guerras híbridas donde la confrontación se traslada al escenario mediático, la democratización de los medios de comunicación y alcanzar una información plural y responsable es sin duda uno de los grandes desafíos de estos tiempos.

ANAHÍ ARIZMENDI / HINTERLACES