Publicado: 23/08/2023 10:00 PM

• Ante la práctica ilegal de los cuerpos armados del Estado de disparar sin necesidad contra ciudadanos desarmados, el Fiscal General de la República, Rolando Salcedo de Lima, ordenó abrir una averiguación sobre origen de las órdenes impartidas por altos funcionarios para atentar contra el Derecho a la Vida y violentar las garantías constitucionales. 

• “Son numerosos ya los muertos”, agregó.

• Se refirió específicamente al procedimiento contra una niña que perdió los ojos a causa de disparos que efectuó la policía.

• Igualmente señaló el caso de la infortunada madre de siete hijos que murió por un disparo de la Policía de Baruta, cuando perseguía y dio muerte a un presunto sospechoso.

• Declaró que fueron numerosos los muertos y heridos, generalmente pacíficos ciudadanos, hombres y mujeres o niños, que habían perdido sus vidas víctimas de estos disparos.

• Denunció que los cuerpos policiales disparaban sistemáticamente contra vehículos, o gente de a pie, que les parecían sospechosos, al pasar por delante de una jefatura, cuartel o alcabala.

• Se disparaba a menudo contra personas “sospechosas”, en plena vía pública, sin importar que las balas pudieses alcanzar a cualquier transeúnte.

• Señaló que la prensa denunciaba, con frecuencia, aquellos asesinatos sin que las autoridades pusieran fin a los métodos que violaban el sagrado Derecho a la Vida.

• Por si fuera poco, agregó que “dirigió sendos oficios a los ciudadanos ministros de Relaciones Interiores, Justicia, Comunicaciones y al Gobernador del Distrito Federal, pidiéndoles información acerca de las supuestas órdenes dadas a los diferentes cuerpos armados de disparar por cualquier causa contra los ciudadanos”.

• Adicionalmente manifestó “que su investigación no puede limitarse a recibir oficios de altos funcionarios negando haber impartido tales órdenes, sino que deberá interrogar a los agentes y guardias implicados en los sangrientos sucesos…”

• Esto sucedió un mes antes de finalizar el gobierno de Rómulo Betancourt, cuando el precitado Fiscal General de la República, antes de finalizar sus funciones en el cargo, se hizo eco de los reclamos efectuados por familiares de las víctimas y de las constantes denuncias que aparecieron en periódicos de circulación nacional.

REDACCIÓN MAZO