Publicado: 11/10/2023 09:00 PM

Cuando la neurosis por el poder conduce a la impopular manía privatizadora de empresas del Estado, como es el caso de María Corina Machado, no está demás consultar su obsesión con los desastres del pasado:

• En 1989, Carlos Andrés Pérez pactó con el FMI un multimillonario rescate para el “salvataje económico de Venezuela”. En la práctica, lo que se hizo fue imponer la dictadura neoliberal, con sus correspondientes desbarajustes económicos y trágicos estragos sociales.
• El mismo Pérez, al asumir la presidencia, predicó con prepotente orgullo: “A mi corresponde el papel histórico de aplicar por la vía de los votos las mismas medidas de shock que aplicó Augusto Pinochet en Chile por la vía de las armas”.  
• El saldo de su jactancia fueron las más de 3.000 víctimas de El Caracazo, la histórica sublevación del 4F, su destitución y el pasaje directo al basurero de la historia.
• Pérez, obediente a Washington, decretó la venta de Venezuela al “mejor postor”, dictando las siguientes medidas de shock neoliberal: 

1. - eliminación del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS)  
2. - alza del precio de los combustibles 
3. - liberalización de precios
4. - despidos masivos de funcionarios públicos
5. - agricultura de puertos por decreto (ruina del campo)
6. - entrega de las empresas rentables del Estado a empresas saqueadoras del sector privado
7. - elevación las tasas de los servicios públicos 
8. - anulación de la capacidad de recaudación del Impuesto Sobre la Renta.

• Por la misma hoja de ruta de la manía privatizadora iban la educación pública, las Empresas Básicas del Estado, las hidrológicas, los hospitales, los parques nacionales (Ávila Mágica), las autopistas, los puertos y aeropuertos. 
• El Nacional del 7 de junio de 1992, denunció que “con la privatización solo se ha abierto el camino de la devaluación de las empresas y la corrupción administrativa… Las acciones del Banco Occidental, de varios centrales azucareros y VIASA han sido vendidas a precio de gallina flaca…”
• Dentro de esta fiebre privatizadora también fueron entregadas a monopolios locales y extranjeros: VIASA, CANTV, AEREOPOSTAL, SIDOR, toda la red hotelera CONAHOTU, ENELVEN, ENELBAR, la marina mercante (CAVN) y todas las empresas cementeras. Salvo las que fueron rescatadas por el Comandante Chávez, todas desaparecieron.
• Lo que ocurrió, bajo el marco legal de la Ley de Privatizaciones, fue una acelerada desnacionalización de los factores de producción. Todas las empresas que eran el soporte y garantía de un desarrollo económico sustentable, excepto PDVSA, fueron privatizadas. Las fuerzas productivas estadales quedaron desarticuladas.
• La Ley de Privatizaciones de 1992, fue redactada por abogados externos, representantes de sus clientes empresariales, desde la Consultoría Jurídica del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV).
• Dicho sea de paso, dichas firmas de abogados cobraban honorarios profesionales como asesores del FIV y a la vez devengaban honorarios como apoderados de las empresas favorecidas por dicha ley. Esto está tipificado como delito de prevaricación.
• Esto sucedió varias veces, en tiempos de la Cuarta República, especialmente cuando funcionarios y abogados contratados por los gobierno de CAP II y Caldera II defendían, asesoraban y representaban intereses contrarios a la nación, en la persona de empresas privadas beneficiadas en los procesos de privatización.
• Fueron estos, a su vez, traficantes de información clasificada de alto valor estratégico y colaboradores en la ruina de empresas altamente rentables, que no requerían sino del concurso de sus empleados y gerentes 100% venezolanos. 
• Los salvadores de la economía, alegando el mito del Estado ineficiente, solo lograron aumentar las desigualdades y estallidos sociales, haciendo desaparecer industrias productivas que generaban miles de empleos y aportaban ingentes ingresos al Fisco Nacional. Su único incremento fue dejar regados miles de muertos en las calles.

REDACCIÓN MAZO