Fiscal Devoe lideró debate en Bolívar y Monagas sobre transformación del sistema de justicia penal

Publicado: 06/10/2026 05:23 PM

En el municipio Caroní del estado Bolívar, integrantes del Poder Popular, movimientos sociales, trabajadores, estudiantes universitarios, sectores comunitarios y autoridades judiciales debatieron propuestas que ayudan a la transformación profunda del sistema de justicia penal venezolano.

La jornada estuvo liderada por el fiscal general de la República y secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, Larry Devoe Márquez, quien instó a superar el retardo procesal mediante un diagnóstico colectivo y objetivo, reseña nota de prensa del Ministerio Público (MP).

"Un diagnóstico para que sea objetivo tiene que reconocer las fortalezas, pero también debemos identificar las debilidades, los retos, los desafíos", enfatizó la autoridad, al tiempo que invitó a construir una hoja de ruta con metas y soluciones concretas a corto, mediano y largo plazo.

Por su parte, la gobernadora del estado Bolívar, Yulisbeth García, ratificó el compromiso regional de avanzar hacia un modelo judicial equitativo y enfocado en la defensa de los derechos humanos. 

En ese sentido, anunció el despliegue de un equipo multidisciplinario en la entidad para sistematizar los aportes surgidos desde las bases populares.

En el encuentro también intervino la magistrada Carmen Marisela Castro, presidenta de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien resaltó el acercamiento de los tribunales a las comunidades mediante mecanismos como los tribunales de calle y la justicia de paz, subrayando la importancia de edificar la reforma a partir de las propuestas de la ciudadanía.

Esta consulta busca sentar las bases para consolidar un sistema judicial más transparente, eficiente e inclusivo que fortalezca las instituciones y devuelva la confianza al pueblo venezolano. 

Posteriormente, una comisión de alto nivel para llevar a cabo el proceso de “La Gran Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal” se trasladó hasta el estado Monagas.

El gobernador de la entidad, Ernesto Luna recibió a la delegación, conformada por la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez; el fiscal general de la República, Larry Daniel Devoe Márquez; la presidenta de la Sala de Casación Penal, Marisela Castro Gilly; el ministro para los Servicios Penitenciarios, Julio Zerpa; el defensor público general, Daniel Ramírez, y demás magistrados.  

Esta comisión recibió el 1 de junio de 2026 orientaciones por parte de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, de realizar este debate abierto en todo el territorio nacional, siendo Monagas el estado número 16 en el que ejecutan esta jornada, bajo la premisa de avanzar hacia un verdadero Estado social de derecho y de justicia.  

Por su parte, el fiscal general manifestó que esta iniciativa participativa se encuentra encausada en el artículo 26 de la Constitución, que refiere que el Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita. 

Para ello, revisarán de manera profunda el Sistema Penal junto con el pueblo, recibiendo propuestas que garanticen la construcción de un diagnóstico compartido de esta estructura, marcando una hoja de ruta para construir un nuevo diseño que corresponda a administrar justicia en los procesos penales de las partes involucradas. 

"Nos planteamos reducir el retardo procesal respetando los derechos de las víctimas y/o citados, el descongestionamiento de los centros penitenciarios, reducción de pena ajustada a la transparencia del proceso judicial y una rápida, justa, respetuosa y eficiente atención", afirmó.

La presidenta del TSJ resaltó que mediante este despliegue harán las correcciones a que haya lugar, entendiéndose, señaló Rodríguez, que Venezuela cuenta con uno de los mejores ordenamientos jurídicos del mundo.  

"Esta consulta no es de un todo de los especialistas, esta consulta es del pueblo venezolano", apuntó.  

Entre tanto, el defensor público general aseveró que se trata de administrar una justicia más humanizada que vaya más allá de un código penal y que evite el retraso procesal. 

"Detrás de cada expediente hay una familia, una víctima, un acusado al que respetarle la presunción de inocencia; es por ello que la consulta debe ir más allá de un plan cayapa, citaciones de los tribunales, presentación de pruebas, reinserción a la sociedad o factores que impidan celebrar un juicio oral y público", expresó Ramírez.

REDACCIÓN MAZO