Hablemos de soberanía: La Apertura Petrolera de 1992

Publicado: 11/09/2026 05:00 PM

En el año 1992, Venezuela arrastraba las consecuencias de la crisis de la deuda externa de los años 80, pasando por el viernes negro y un colapso fiscal debido a una profunda crisis financiera estatal y, debido a esto, se planteó la necesidad de cambiar la estrategia comercial de la industria petrolera nacional para expandir su capacidad de producción internacional.

Este proceso comenzó formalmente a diseñarse y ejecutarse entre 1992 y 1993, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y bajo la gestión de Gustavo Roosen en Petróleo de Venezuela S.A. (PDVSA), con el objetivo de impulsar la inversión de capitales privados nacionales y extranjeros en la industria de los hidrocarburos tras la nacionalización de 1976.

El portal Misión Verdad hizo una investigación que contrastó el reciente acuerdo energético binacional entre Venezuela y EEUU, calificado como “una alianza estratégica controlada con un piso fiscal garantizado”, muy distinto a la Apertura Petrolera de los años 90, que se consideró como un esquema de subordinación y desvalorización de los recursos nacionales. Mientras el acuerdo actual establece un periodo estricto de 25 años e inversiones orientadas a estabilizar la producción, el modelo noventero es recordado como una entrega ilegal de los yacimientos a corporaciones transnacionales.

En esa investigación, Misión Verdad planteó, respecto al contraste entre estos acuerdos, una marcada diferencia en términos de ganancias y costos fiscales entre el modelo de la Apertura Petrolera de los años 1990 y el Acuerdo Petrolero Binacional, además, describió el acuerdo de los 90 como una entrega que despojó al Estado de sus ingresos; contrario a las reglas previstas en el actual, que ofrece una fórmula fiscal mucho más ventajosa para el país.

Para conocer más sobre este acuerdo se revisó la entrevista ofrecida por el empresario y experto petrolero Alejandro Terán, quien planteó 5 vértices de análisis, lo que permitió establecer una comparación sobre los costos y ganancias que tuvo nuestro país con la Apertura Petrolera de 1992 y este nuevo contrato petrolero:

Las Regalías, el 1% máximo frente al 16% mínimo. El costo más gravoso de la Apertura Petrolera de la Cuarta República radicó en que las transnacionales pagaban como tope, una regalía simbólica del 1% bajo la premisa de que el crudo extrapesado del Orinoco era "bitumen" y no petróleo. En contraste, el acuerdo de 2026 se rige bajo lo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), obligando a las operadoras norteamericanas a tributar al menos un 16% de regalías, protegiendo de esta manera la soberanía de los recursos naturales.

Costo de Oportunidad y Ganancia Neta por Barril: La ponderación matemática establecida en el negocio actual hace una estimación neta de 19 dólares por barril, tomando como precio de referencia internacional 65 dólares por barril; con un régimen fiscal impuesto del 32% de Impuesto sobre la Renta (ISLR) más las regalías, garantiza que Venezuela se quede con 19 dólares de ganancia neta por cada barril comercializado en los 17 campos asignados. Esto revierte la lógica de la Apertura Petrolera, donde la mayor parte de la ganancia quedaba en manos de las corporaciones extranjeras y no se cobraba una tasa mínima impositiva para atraer la inversión extranjera.

El Origen de las Inversiones y el Presupuesto Nacional: La Apertura Petrolera subordinó la economía real del país al capital extranjero a costa de la estabilidad interna. Por el contrario, el negocio actual se presenta como una asociación pertinente con las necesidades de inversión, en la cual la inyección inicial de 100 mil millones de dólares requerida para levantar la producción corre por cuenta exclusiva del sector privado, permitiendo que el fisco venezolano reciba ganancias limpias sin comprometer fondos públicos que el Estado no posee en la actualidad, debido al bloqueo financiero y petrolero que mantiene el país desde hace 14 años.

Ingresos Fiscales Totales Proyectados: Esta área fue calificada históricamente por los expertos en materia económica como la razón principal de las pérdidas masivas y el saqueo de la renta nacional, debido a las nulas o bajas tasas acordadas en la recaudación de impuesto sobre la renta. Por el contrario, en esta negociación actual se estima un ingreso tributario de 209.000 millones de dólares a lo largo de 25 años que dura el acuerdo.

Costos de Inversión y Reactivación: En 1992 el Estado asumió los costos indirectos para atraer el capital, y en este momento, se plantea una inversión nula o costo cero para el Estado venezolano; lo hace que se capten más de 100 mil millones de dólares en inversión 100% privada.

Ante esto, los ejes financieros analizados demuestran que el acuerdo petrolero de 2026 representa una ruptura estructural con el modelo de negocio de los 90, evaluado como un período de altos costos fiscales y pérdidas de soberanía para el país; lo que transforma la relación de Venezuela con el capital extranjero de un esquema de subordinación a uno de beneficio nacional mutuo, donde éste último se proyecta como una victoria financiera fundamentada en tres grandes beneficios: Maximización de la recaudación fiscal, Inyección de capital sin endeudamiento público y Sostenibilidad a largo plazo.

Es por esto que, desde el punto de vista financiero y soberano, el acuerdo petrolero binacional demuestra que es posible atraer al capital privado para reactivar la industria energética sin necesidad de rematar el recurso ni sacrificar los derechos fiscales de la República.

AMELYREN BASABE/REDACCIÓN MAZO