¿Hubo una Ley de Amnistía antes de Chávez?

Publicado: 27/03/2026 06:12 PM

En Venezuela, desde que la Revolución Bolivariana llegó al poder, ha tenido que aplicar en diferentes momentos la amnistía como una herramienta para conciliar con la oposición nacional y retomar un proceso de convivencia política dentro de una democracia. Sin embargo, al revisar la historia, encontramos que cuando quienes representan a esa oposición ostentaban el poder político, nunca estuvieron dispuestos a promover espacios de reconciliación para la construcción de la democracia. Esta vez, traemos algunos ejemplos de ello.

Al respecto, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, contó cómo se trataba la amnistía en los tiempos de la Cuarta República, y precisó que, “a diferencia del Gobierno Bolivariano, ninguno de los gobiernos de ese período perdonaba, incluso si ese marco jurídico hubiera sido aprobado”. El pasado 11 de febrero, durante la transmisión del programa Con el Mazo Dando, el líder político rememoró las palabras de expresidentes como Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, quienes, luego de recibir propuestas de amnistía, rechazaron las mismas y no rindieron cuentas de los detenidos que pasaron a condición de desaparecidos.

Durante su alocución presidencial de año nuevo en 1963, las declaraciones de Betancourt y de Leoni, en su discurso de la toma presidencial el 11 de marzo de 1964 fueron casi idénticas: “No habrá Ley de Amnistía ni perdón general para los partidos ilegalizados y grupos insurgentes del Partido Comunista de Venezuela (PCV), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN)”.

Para cerrarle el paso a la aprobación de cualquier Ley asociada a la reconciliación nacional que se discutiese en el Congreso, el General Ramón Florencio Gómez, entonces ministro de Defensa añadió: “Hay 95 detenidos que no los saca nadie; ni con ley ni sin ley. No sé cómo los van sacar ni quién se atreverá a sacarlos”. Sellada la puerta a la solicitud de Amnistía General que por iniciativa parlamentaria solicitaron las fracciones de Unión Republicana Democrática (URD), Fuerza Democrática Popular (FDP) y el Partido Revolucionario de Integración Nacionalista (PRIN), se abrió la compuerta de los asesinatos selectivos y el despliegue de la fuerza pública en todas las manifestaciones antigubernamentales.

Así, la historia recuerda como el Gobierno de Leoni aplicó la “línea dura” de Betancourt, que se tradujo en la ejecución de un baño de sangre que se perpetuó desde 1958 hasta 1998. Cuarenta años de violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela.

La solicitud de Amnistía General fue elevada al Congreso Nacional en reiteradas oportunidades, en representación de los más de los 2.000 presos políticos recluidos en condiciones infrahumanas en los campos de concentración de la Laguna de Los Tacarigua, conocido como la Isla del Burro, los presos políticos del Cuartel San Carlos, las Colonias Móviles de El Dorado, conocidas como El Hampoducto y la Cárcel de La Pica en Maturín. Entre los presos políticos se encontraban los “rojos”: Gustavo Machado, Guillermo García Ponce, Clodosbaldo Russián, Alí Rodríguez Araque, Jesús Farías, Capitán de Navío Manuel Ponte Rodríguez, Víctor Hugo Morales, Máximo Canales, Teodoro Petkoff, Pompeyo Márquez, Nery Carrillo y Alejandro Mariño Suzzarini, entre otros. Algunos murieron en prisión, víctimas de maltratos y torturas o falta de atención médica oportuna, como el caso de Ponte Rodríguez, otros integran la larga lista de los más de 3 mil presos, que fueron desaparecidos y otros menos tuvieron la suerte de contarlo.

A cada solicitud de Amnistía, los gobiernos de Acción Democrática (AD) y Copei respondieron con mayor brutalidad en la persecución política, torturas, fusilamientos y desapariciones forzadas; y acusaban al Congreso de promotor de disturbios violentos, con declaraciones como la del ministro de Relaciones Interiores de esa época, Gonzalo Barrios, quien dijo que “la amnistía no se adapta a las condiciones ambientales y podría significar en un estímulo para la reincidencia en hechos delictuosos graves y la consiguiente alteración del orden social, a cuyo resguardo coadyuvan todos los instrumentos legales”.

También es importante recordar un episodio que ocurrió días después de la alocución presidencial de año nuevo en 1963, cuando el presidente Betancourt, a través de su ministro de Relaciones Interiores, Carlos Andrés Pérez, acabó a fuerza de plomo y peinillazos con las manifestaciones de júbilo y bienvenida expresadas por el Pueblo caraqueño que salió en masa a recibir al Contralmirante Wolfgang Larrazábal. Como resultado, un niño de 11 años, Alejo Celis, enarbolando entre sus manos la bandera de Venezuela fue fulminado por las balas del gobierno.

Otro tanto hizo Raúl Leoni durante su gobierno, cuando las fuerzas vivas del país y especialmente las fuerzas políticas representadas en el parlamento promovieron la discusión de una Ley de Amnistía General, a lo cual el presidente respondió con la institucionalización de la desaparición forzada como política de Estado y la instalación de cinco Teatros de Operaciones antiguerrilleras (TO).

Desde entonces, el binomio Dirección General de Policía (DIGEPOL), como agente de detenciones arbitrarias y los TO, como centros secretos de aislamiento para torturas, fusilamientos y desapariciones forzadas, operaron desde 1964 hasta los años 80 ininterrumpidamente en todo el territorio nacional.

El rechazo de los gobiernos de AD y Copei a la aprobación de cualquier Ley de Amnistía General o Parcial, al perdón general, al borrón y cuenta nueva para establecer un clima de paz, obedeció siempre al criterio del “disparen primero, averigüen después”, implementando de facto la pena de muerte.

Betancourt se encargó de dejar las cárceles abarrotadas de presos políticos: más de 1500 dirigentes de izquierda, incluyendo diputados y senadores, constitucionalmente electos en elecciones libres y democráticas, fueron puestos tras las rejas. Al final de su gobierno, parlamentarios del Partido Revolucionario de Integración Nacionalista (PRIN), denunciaron en la voz de los diputados José Vicente Rangel y José Herrera Oropeza, cómo el presidente rompió el infame récord de crímenes políticos cometidos en toda la historia venezolana.

Durante su mandato hubo 1200 torturados y asesinados en tan solo cinco años, bajo la política de “disparen primero, averigüen después”. Introdujo la inédita práctica de “no cargar preso amarrao”, es decir los fusilamientos de detenidos políticos in situ y la apertura de los campos de concentración en las selvas guayanesas de El Dorado y la Isla de Tacarigua en el Lago de Valencia. Más de mil muertos, miles de perseguidos políticos, y por primera vez se acudió al endeudamiento internacional, amarrando a la economía del país a los intereses de la banca mundial. Leoni recibió un país moral y financieramente quebrado y su gobierno matuvo la misma política represiva y violenta que dejó en luto miles de familias venezolanas.

No es sino hasta la llegada a la presidencia de Rafael Caldera (1969–1974), que se adoptó la pacificación como política de Estado y aplicó una estrategia distinta a la tradicional represión a la que veníamos acostumbrados. Apeló a los sobreseimientos judiciales masivos por delitos políticos, a los indultos presidenciales a guerrilleros presos, facilitó el regreso del exilio de dirigentes insurgentes y procedió a la legalización de organizaciones de izquierda para que abandonaran la lucha armada, junto con programas de incorporación a la vida civil, académica y política.

Sin embargo, ante el panorama actual, recordamos su posición respecto a las prácticas antipatriotas de los políticos venezolanos. Caldera se fue a la tumba con un manto de supuesto caballero de la diplomacia. En su entorno aún se exaltan dotes que se le atribuyen desde siempre. Pero ni el mismo expresidente socialcristiano hubiese perdonado la traición contra Venezuela de parte de Juan Guaidó, María Corina Machado y sus acólitos... “¡Los hubiera fusilado!”, así lo publicó una reseña de prensa publicada en 1995 en el diario Notitarde, titulada "Provoca fusilar a quienes hablan mal de Venezuela en el exterior", tomada de una entrevista concedida a Venevisión "Cuando va un señor y le dice a los inversionistas en el extranjero ustedes no inviertan en Venezuela porque en Venezuela no se puede invertir, me provoca fusilarlos", expresó textualmente el expresidente.

Pareciera entonces que solo ha sido en la Revolución Bolivariana en donde las diferencias políticas se debaten en los espacios democráticos… y sólo podemos coincidir en que al que pide invasión y bloqueos, no debe ser objeto de perdón.  

AMELYREN BASABE/REDACCIÓN MAZO