¡Insólito! CNP defiende derecho a difamar mediante reproducción de contenidos
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Publicado: 05/06/2019 02:54 PM
A través de un tuit, como es lo común en estos tiempos, la
seccional Caracas del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) fijó posición sobre la
sentencia condenatoria contra el portal La Patilla en la demanda por difamación
presentada por Diosdado Cabello.
Con frecuencia se dice que un tuit es un texto muy precario
para hacer análisis, pero este trino del gremio de los comunicadores sociales
colegiados de la capital da para mucho.
El texto del tuit publicado el 4 de junio cerca de la
medianoche es el siguiente:
“Rechazamos decisión
del TSJ que condena a @la_patilla a pagar 30.000 millones de Bs, solo por
reproducir contenido publicado por @abc_es generando molestia en factores del
poder. Es el uso de Justicia para silenciar la libertad de expresión en
Venezuela”.
¿Reproducir no implica responsabilidad?
El primer aspecto que puede debatirse con respecto a lo
planteado por el CNP-Caracas es si debe entenderse entonces que la organización
profesional considera que un medio de comunicación o un periodista están
exentos de la responsabilidad sobre lo publicado en los casos en que ese
material haya sido previamente difundido por otro medio u otro periodista.
No es un asunto de menor cuantía ni en la profesión del
periodismo ni en la vida política en general. Aceptar esa doctrina significa
que cualquiera puede decir lo que quiera de otra persona o institución, siempre
y cuando exista un actor que previamente lo haya hecho. En un mundo globalizado
en el que interactúan millones de emisores de información, ese principio
conduce al caos total porque ese primer emisor del mensaje puede estar en
cualquier parte, en un país adversario, por ejemplo o puede actuar amparado por
el anonimato o ser un agente de intereses políticos o económicos.
En el caso de la demanda, el diario ABC de Madrid es parte
de una maquinaria mediática global que se ha declarado enemiga abierta del
proceso político revolucionario venezolano desde sus albores. A lo largo de
veinte años ha demostrado no tener ningún escrúpulo para publicar información
falsa o manipulada acerca de la Venezuela bolivariana y de sus líderes. Por
tener su sede en España, es muy complicado y casi inviable querellarse en
contra de ese emisor original del contenido calumnioso, infamante, difamante o
vilipendioso.
Al defender el derecho de un portal local a reproducir ese
tipo de material emitido por un medio extranjero, el CNP-Caracas avala una de
las armas más socorridas del aparato comunicacional del capitalismo dominante
en el mundo: las centrífugas mediáticas.
Simplificando, la centrífuga opera así: un medio local o un
influencer de redes sociales pone a circular rumores o información anónima
sobre un tema. Un medio global (en el caso de Venezuela, suele ser la prensa
estadounidense, colombiana, española o argentina) se hace eco del rumor, lo
magnifica, le pone un barniz de “periodismo de investigación” y arma el gran
escándalo internacional. Luego, los medios locales lo reproducen amparándose en
que “fue publicado en tal o cual diario”, al que se atribuye un prestigio
muchas veces no merecido.
En una rigurosa aplicación de la Constitución Nacional
Bolivariana, del Código Penal, de la Ley de Ejercicio del Periodismo y, sobre
todo, del Código de Ética profesional (del que el CNP es albacea, valga
subrayarlo) todo contenido publicado entraña responsabilidad para quien lo
publica, en especial si afecta la reputación, la privacidad, el derecho al buen
nombre de alguien (sea quien sea). No existe una excepción para los contenidos
que se publican luego de haber sido difundidos por otro individuo o medio.
A título anecdótico, recordemos que pretender tomar como
fuente a otro medio era un disparate en tiempos relativamente recientes del
periodismo. Para ciertos jefes de información de la vieja guardia, tal conducta
hubiese sido causal de despido.
¿Los factores de poder deben aceptar la difamación?
Otro aspecto que puede analizarse del tuit del CNP-Caracas
es el que caracteriza la demanda del constituyente Cabello como una “molestia
de factores de poder”. Se trata de un intento de banalización, pues da la
impresión de que la nota se refería a una crítica menor y que Cabello reaccionó
exageradamente. En realidad, la nota de ABC reproducida (entre otros medios)
por el portal ahora condenado lo acusaba nada menos que de ser capo de un
cartel de narcotraficantes.
Surge acá una pregunta también clave para la reflexión de
los comunicadores sociales universitarios o no: ¿el hecho de estar en el poder
obliga a una persona a aceptar que se le haga cualquier tipo de señalamiento en
los medios de comunicación?
Es cierto que quien ejerce cargos público e, incluso, quien
asume la carrera política aunque no haya llegado al poder, debe tener una piel
gruesa para tolerar muchas críticas, acusaciones y sospechas sin fundamento.
Pero aún para eso existen unos límites que, por cierto, están claramente
establecidos en todos los países, incluyendo los que se presentan a sí mismos
como ejemplos de una comunicación absolutamente libre. Por solo mencionar dos,
en España o en Estados Unidos no se puede acusar de narcotraficante a un alto
funcionario, sin presentar pruebas, y no luego pretender que no pase nada.
¿Negarse a rectificar también es un derecho?
En la declaración tuitera del Colegio de Periodistas se
cuela otra inexactitud respecto al caso, expresada en un simple adverbio: solo.
El texto dice que el portal ha sido condenado “solo por reproducir contenido
publicado” en el diario español. Esa palabra obvia que en el proceso
conciliatorio y judicial previo a la sentencia del Tribunal Supremo de
Justicia, la parte acusada pudo haber rectificado apropiadamente y con ello
evitar que el juicio llegara hasta su extremo.
Se interpreta que para los actuales dirigentes gremiales,
negarse a rectificar también es un derecho que puede enarbolarse en nombre de
la libertad de expresión, aún cuando se haya comprobado que las graves
acusaciones difundidas originalmente fuera del país no contaban con el respaldo
necesario en materia de pruebas e indicios.
Pese a todas las controversias políticas que rodean el
ejercicio del periodismo en estos tiempos, dos artículos del Código de Ética
del Periodista Venezolano dan señales inequívocas del rumbo a seguir:
Artículo 11. El periodista comete falta grave cuando
comunica de mala fe acusaciones sin pruebas o ataques injustificados a la
dignidad, honor o prestigio de personas, instituciones o agrupaciones.
Artículo 12. Las informaciones falsas deben ser rectificadas
espontánea e inmediatamente. Los rumores y las noticias no confirmadas deberán
identificarse como tales.
¿La libertad de expresión es ilimitada?
El tuit del CNP-Caracas cierra con una aseveración: “Es el
uso de Justicia para silenciar la libertad de expresión en Venezuela”.
Otro interesante debate que debería abrirse a partir de este
punto porque es necesario poner en claro si acusar a una persona de delitos
gravísimos sin aportar pruebas es parte de los derechos cubiertos por la noción
de libertad de expresión.
Para responder a esta pregunta bastaría que los directivos
del CNP-Caracas se pusieran en el lugar de quien es acusado. Por ejemplo, que
alguien publicara que reciben pagos de una agencia de inteligencia extranjera
y, luego, cuando ellos exigieran un desmentido, el autor del agravio dijera:
“Lo publiqué ejerciendo mi sagrado derecho a la libre expresión”.
Para tratar de colocarnos en una misma página con colegas
que tienen otro punto de vista en este caso, podríamos remitirnos al viejo
aserto de la época de oro del periodismo estadounidense: los hechos son
sagrados, la opinión es libre.
En el caso específico de esta demanda, lo que se pretende
presentar como libre expresión es una opinión, hasta tanto alguien demuestre
que se trata de hechos.
El debate está lejos
La expectativa de que se produzca un debate de fondo sobre
este tema en el seno del gremio periodístico es bastante ilusoria. Basta con
mirar las reacciones que provocó el tuit del CNP-Caracas para pensar que será
difícil. La mayoría de los que opinaron (presumiblemente periodistas) acusaron
a los directivos de ser demasiado blandos, pues entienden que el tuit reconoce
la autoridad del Tribunal Supremo de Justicia un ente que, de acuerdo a la
oposición, es ilegítimo. Uno de los
tuiteros pide coherencia respecto a la línea opositora del cese a la
usurpación, lo que hace pensar que considera al gremio como parte de dicha
tendencia política.
Solo uno de los comentaristas estuvo en la zona medular del debate, al afirmar que “en algunas oportunidades las noticias deben ser verificadas y se deben tener pruebas”. Tal vez lo escribió en tono de sarcasmo porque verificar y tener pruebas no es algo que deba hacer solo en algunas oportunidades, sino siempre.
CLODOVALDO HERNÁNDEZ / LA IGUANA TV