Jorge Rodríguez: El odio no se puede derogar pero sí establecer mecanismos para contener sus manifestaciones

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Rodríguez cuestionó los ataques dirigidos contra dirigentes políticos que participan en procesos de diálogo y negociación
Prensa AN

Publicado: 03/11/2026 07:13 PM

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, cuestionó las expresiones de odio, discriminación y descalificación política que persisten en distintos sectores del país y defendió la necesidad de reformar la Ley contra el Odio para convertirla en un instrumento que contribuya a fortalecer la convivencia, sin que sea utilizada para perseguir a ninguna persona por sus ideas o posiciones políticas.

Durante la sesión ordinaria, en su intervención en la primera discusión del proyecto de reforma de este instrumento legal, Rodríguez sostuvo que el odio no puede eliminarse mediante una disposición legislativa, pero sí es posible establecer mecanismos para contener sus manifestaciones y evitar que los discursos de intolerancia se transformen en agresiones y hechos de violencia.

“El odio, lamentablemente, no se puede derogar y tampoco se contiene porque empiezan publicando tuits y terminan quemando gente viva”, expresó, al advertir sobre los riesgos de la deshumanización del adversario político y recordar episodios de violencia registrados en Venezuela, reseñó el portal de Últimas Noticias.

En ese contexto, el parlamentario hizo referencia a publicaciones difundidas en redes sociales durante los años 2017 y 2018, en las que, según relató, se promovían amenazas contra dirigentes, funcionarios y ciudadanos identificados con el chavismo.

Citó mensajes que llamaban a utilizar aceite quemado, guayas de acero y escombros para impedir el paso de motocicletas y patrullas oficiales, bajo la identificación indiscriminada de sus ocupantes como supuestos simpatizantes del Gobierno.

Rodríguez cuestionó la lógica de estas expresiones y preguntó cuál sería el criterio para determinar que una persona que se desplaza en motocicleta o una patrulla policial constituye un objetivo por razones políticas. A su juicio, este tipo de señalamientos convierte las diferencias ideológicas en justificaciones para ejercer violencia contra otros ciudadanos.

También recordó el caso de Juan Vivas Santana, quien fue procesado bajo la legislación contra el odio, estuvo detenido en 2019 y recibió un indulto en 2020, como parte de los acuerdos alcanzados en una mesa de negociación política.

Rodríguez señaló que, pese a su excarcelación, posteriormente continuó difundiendo mensajes ofensivos y amenazas contra familiares de dirigentes políticos, lo que utilizó para argumentar que las expresiones de odio no desaparecen automáticamente con la aplicación de una norma o con medidas de carácter judicial.

Durante su intervención, el diputado cuestionó los ataques dirigidos contra dirigentes políticos que participan en procesos de diálogo y negociación. Rodríguez manifestó su preocupación por las descalificaciones contra Dinorah Figuera, a quien, según denunció, Esteban Gervasio la calificó de "prostituta política" por participar en una de las mesas de diálogo.

Consideró que este tipo de expresiones constituye una manifestación de violencia política, especialmente cuando se dirige contra mujeres que intervienen en espacios de negociación para procurar acuerdos entre distintos sectores.

En ese sentido, recordó que el reglamento de la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad —aunque durante su discurso hizo referencia a la legislación de protección de la mujer en un ambiente libre de violencia— contempla más de 25 formas de violencia política. Entre ellas, señaló, se encuentran expresiones de descalificación como la denunciada contra Figuera.

“¿Qué delito ha cometido la doctora Dinorah Figuera? Nada, sentarse en una mesa de diálogo y buscar algún tipo de mecanismo de acuerdo”, expresó.

Rodríguez remarcó que Venezuela atraviesa un proceso de diálogo que busca generar condiciones para alcanzar entendimientos políticos, pero advirtió que estos esfuerzos se ven afectados cuando quienes participan en las negociaciones son objeto de insultos y ataques públicos.

Asimismo, cuestionó las expresiones que, según indicó, pretenden atribuir exclusivamente a determinados sectores sociales o políticos las condiciones de inteligencia, preparación académica y decencia necesarias para participar en las instituciones del Estado.

Como ejemplo, mencionó los comentarios sobre el proceso de selección de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y rechazó que se cuestione la capacidad de profesionales por su identificación política. “Hay chavistas muy inteligentes, muy estudiosos, con doctorado y gente decente”, afirmó, al denunciar lo que calificó como manifestaciones de racismo y discriminación.

El diputado también recordó las dificultades que han enfrentado los procesos de negociación política y señaló que, en distintas oportunidades, quienes han acudido a las mesas de diálogo han terminado retirándose debido a los ataques y descalificaciones. “Yo soy una víctima de esas mesas de diálogo”, manifestó, al referirse a las ocasiones en que, según dijo, no se han cumplido los compromisos asumidos para avanzar en acuerdos.

Al abordar directamente la modificación de la Ley contra el Odio, Rodríguez recordó que la iniciativa de reforma responde a la necesidad de revisar la aplicación de esta legislación. Mencionó los cuestionamientos formulados sobre su utilización, así como la necesidad de corregir aquellos aspectos que no se hayan aplicado adecuadamente.

En ese contexto, sostuvo que el propósito de la discusión parlamentaria debe ser garantizar que la norma no se convierta en un mecanismo de persecución política. “Nosotros estamos empeñados en que en efecto no sea una ley que instrumente la persecución de nadie”, enfatizó.

Sin embargo, insistió en que las manifestaciones de odio continúan presentes y que su persistencia hace necesario contar con una legislación que establezca límites frente a las conductas que atenten contra la integridad, la dignidad y la convivencia ciudadana.

Para ilustrar esta situación, mencionó agresiones contra periodistas, entre ellas la denunciada contra Reynaldo Mozo, reseñada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa el 22 de octubre de 2026. También relató amenazas contra una ciudadana que intentaba ingresar a su vivienda y que fue insultada y amenazada de muerte por personas que la identificaron como chavista.

A juicio de Rodríguez, estos episodios demuestran que la intolerancia política puede alcanzar a personas que ni siquiera participan directamente en actividades partidistas, pero que terminan siendo señaladas por prejuicios o por la percepción que otros tienen de ellas.

El parlamentario cuestionó igualmente las expresiones racistas y los ataques dirigidos contra ciudadanos por su color de piel, así como la utilización de apellidos y vínculos familiares para extender las descalificaciones políticas hacia personas que no necesariamente tienen participación en la confrontación.

Durante la parte final de su intervención, manifestó su coincidencia con la aspiración de que llegue el momento en que la legislación no tenga que aplicarse porque las expresiones de odio político hayan desaparecido de la sociedad venezolana.

“Ojalá llegue el punto y el momento en que esta ley sea absolutamente inaplicable, porque las expresiones de odio político hayan desaparecido”, expresó.

También llamó a reconocer los errores, rectificar y preservar los esfuerzos realizados para avanzar hacia la reconciliación y el fortalecimiento de la democracia. Recordó que desde el 5 de enero se han impulsado acciones conjuntas entre distintos sectores, incluso mediante concesiones políticas, para procurar condiciones de entendimiento.

Rodríguez insistió en que la convivencia debe construirse de manera colectiva y que las diferencias políticas no pueden convertirse en motivos para amenazar, agredir o desconocer la condición humana de los demás.

Al cerrar su intervención, retomó el planteamiento que atravesó todo su discurso: la imposibilidad de eliminar el odio mediante una ley y la responsabilidad de la sociedad y del Estado de impedir que sus manifestaciones deriven en violencia.

“¿Ustedes lograron derogar el odio que se anida en algunos de sus corazones? ¿Lo lograron?”, preguntó a los diputados, en una reflexión con la que puso de relieve que el desafío de la reforma legislativa no se limita a modificar un instrumento jurídico, sino que también plantea la necesidad de construir condiciones para la convivencia política y social.

REDACCIÓN MAZO

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