Publicado: 10/07/2024 09:00 PM

(ÚLTIMAS NOTICIAS, 12 de julio 1962 * Clarín)

• José Rafael Villegas, de 17 años, dirigente juvenil del PCV, fue acribillado por un escuadrón de agentes de la Digepol, el 11 de julio de 1962, lo cual constituyó un crimen político cometido flagrantemente a la vista de transeúntes y vecinos.
• El hecho ocurrió a las 9:30 de la noche a las puertas del Granada Dancing Bar, ubicado en la avenida Granada. También sus compañeros, Manuel Gil y Porfirio Ramírez, fueron acribillados con armas automáticas de los agentes apostados que cercaron el bar.
• Los tres jóvenes heridos fueron ingresados de emergencia al Hospital de Coche. Rafael José ingresó sin signos vitales.
• La mayor parte de la prensa, apegada al informe oficial de la Digepol, reseñó que los muchachos estaban en el interior de un vehículo aparcado frente al local nocturno “en una actitud manifiestamente sospechosa”.
• Dicho vehículo, marca Chevrolet, placas DR-19-97, modelo 60, recibió más de 50 impactos de bala provenientes de los digepoles.
• Aunque las portadas de la mayoría de la prensa se hicieron eco del parte policial, en las gráficas se demuestra que José Rafael cayó boca abajo, desarmado, con múltiples perforaciones de bala en el tórax y la espalda.
• El crimen del Dancing Bar fue una masacre y las evidencias fotográficas demuestran que ninguno de los tres muchachos portaba armas, por lo que desmienten la versión acerca de proyectiles, pistolas y propaganda política supuestamente encontrados en los allanamientos efectuados.
• A las 9:00 pm la radio patrulla de la Digepol hizo un seguimiento a distancia de los jóvenes desde el primer tramo de la Avenida Real del Cementerio hasta el Restaurante El Tejar, donde fueron emboscados.
• Ninguno de los testigos presenciales avaló el informe de la Digepol, el cual reportó un presunto “asalto masivo” perpetrado por Rafael José Villegas, Manuel Gil y Porfirio Ramírez, dentro o fuera del local nocturno**.**

EL CONTEXTO:

• El Nacional y La Esfera constantemente amenazados por la censura, el boicot publicitario, el asalto a sus imprentas y encarcelamiento de sus periodistas, obedientemente publicaron la falsa especie noticiosa, según la cual la víctima cayó abatida y sus compañeros gravemente heridos como “atracadores”, “hampones” y/o delincuentes comunes, por la policía política de Rómulo Betancourt.
• En esos días de 1962, la metralla de los cuerpos de seguridad del Estado y bandas armadas de AD, con fusiles y armas automáticas, asesinaron:
  • El 6 de junio a Ángel Linares Espinoza.
  • Mataron en Catia a Julio Manzano.
  • A José Antonio Vásquez La Torre en la Prefectura de El Hatillo.
  • Ese día, 11 de julio, asesinaron, en un calabozo de la Prefectura de Petare, a Esteban Padilla Pérez y en Apure la policía mató a Carlos Novoa.
  • En septiembre mueren los estudiantes: **Alfonzo Rodríguez, Jesús Osuna, Omar Ramones Prieto, José Manuel Rojas Figueroa (**en la Plaza de Catia).
  • En octubre fueron asesinados: Luis Martínez Áñez (Horno Negro), Vivian Hernández (Avenida San Martín), Elvina de Morales (La Vega), Rafael Clemente Acosta (San Antonio de Los Altos), J. Pfeifer, ciudadano alemán alcanzado por bala de fusil detrás del Cuartel San Carlos.
• Finalmente, por Decreto Presidencial Nª 870, del 8 de octubre, se suspendieron las garantías constitucionales en todo el territorio nacional, hasta el 18 de diciembre cuando entró a regir otro decreto de suspensión parcial indefinido.
• Por ese entonces, un comando de abogados leguleyos coordinados por David Morales Bello, comenzó a tomar el control pleno de los tribunales penales.
• Lentamente, la “Tribu de David” invadió el foro legal, a fuerza de ejercer persecución judicial (lawfare) y del apoyo que le ofrecía el gobierno, se dio a conocer como “Perry Mason; no perdían un solo caso, eran los imbatibles penalistas de la nación.
• Este bufete de abogados operaba desde la sede de la DIGEPOL, donde confeccionaban documentos que luego validaban por la vía de la tortura. Aquellas confesiones forzadas formarían parte del sumario que llevarían después al juez de la causa.
• A finales de esa década, 16 mil hogares habían sido allanados y saqueados, habían más de 1.500 presos políticos y aún hoy no se han terminado de contabilizar las víctimas de torturas y desapariciones, que sobrepasan las 11.000.
• Cuando el vocero oficial de AD, Gonzalo Barrios, era abordado por periodistas, para inquirir acerca de aquel baño de sangre, corruptelas, barraganastos y otras atrocidades cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado, evasivo contestaba: “No he llegado a mi casa”, “no tengo información oficial”, “no he leído la prensa”, “no sé nada al respecto”, “en este país se roba porque no hay razones para no hacerlo”, “déjenme en paz”.

REDACCIÓN MAZO