Junta directiva de Directv Venezuela será imputada por cuatro delitos (+estafa agravada)

Fiscal General de la República, Tarek William Saab
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Publicado: 10/06/2020 12:21 PM

El fiscal general de República, Tarek William Saab, señaló con respecto al cese de actividades de la empresa Directv en Venezuela que en los últimos días se inició un proceso penal en contra de sus representantes en el país.

Saab aseguró que existen elementos de convicción para presumir que esta acción fue concertada de manera ilegal por la junta directiva de Galaxy Entertainment de Venezuela en conjunto con su unidad de administración y operatividad.

En ese sentido, detalló que por estos hechos el gerente general Héctor Rivero, el vicepresidente de operaciones Rodolfo Carrano y el vicepresidente de Estrategias y Negocios, Carlos Villamizar “son responsables directos de la comercialización y operatividad de los servicios de telecomunicación de Directv Venezuela ante el Estado venezolano, representado por Conatel”.

El titular de la acción fiscal refirió que “se presume la existencia de daño moral a la colectividad, por cuanto la suspensión de tal servicio creó incertidumbre y zozobra, ocasionando la transgresión de derechos constitucionales colectivos y difusos”.

Así mismo, “fue quebrantado el Decreto Presidencial N° 4.198 de fecha #12May de 2020, mediante el cual se declara la prórroga del Estado de Alarma para atender la Emergencia Sanitaria por el virus Covid-19. Además, se transgredieron el artículo 15, numeral 10, de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones; que establece la obligación de los operadores de telecomunicaciones a la prestación de servicios en estados de excepción.

Adicionalmente se acredita daño patrimonial causado a personas naturales y jurídicas, que hicieron inversiones en equipos electrónicos y pago de suscripciones y espacios televisivos.

El fiscal confirmó la detención de los directivos antes mencionados por parte funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), a quienes el Ministerio Público les imputó la presunta coautoría en la comisión de los delitos de: estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir.

 

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