Justicia de Argentina condena a 11 represores a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad

Publicado: 19/05/2026 04:03 PM

La justicia de Argentina dictó un histórico veredicto al condenar a la pena de prisión perpetua a once exagentes de las fuerzas de seguridad por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura civil-militar.

La sentencia representa un nuevo y trascendental avance en el proceso de memoria, verdad y justicia del país, al juzgar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas hace medio siglo en centros clandestinos de detención.

El fallo fue anunciado por el Tribunal Oral Federal de La Plata integrado por los magistrados Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso tras culminar el debate oral del proceso unificado conocido como el juicio "1 y 60", que también abarcó los delitos perpetrados en la Comisaría 8ª de La Plata y otras dependencias policiales del Cuerpo de Infantería y Caballería de la provincia de Buenos Aires. Además de las once cadenas perpetuas, el tribunal impuso penas de 18 y 25 años de prisión a otros dos imputados implicados en el aparato represivo estatal.  

La megacausa comprendió la investigación de delitos cometidos contra más de 300 víctimas de la persecución política, el secuestro y el exterminio. Los hoy condenados, entre los que figuran civiles, oficiales del ejército y expolicías bonaerenses (como Jaime Lamont Smart y Juan Miguel Wolk), fueron hallados culpables en calidad de coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas, aplicación de tormentos y homicidios calificados.

La lectura de la sentencia fue recibida con honda emoción y escenas de llanto por parte de sobrevivientes, activistas y familiares de los desaparecidos que colmaron las inmediaciones del tribunal y las salas de transmisión.

Los organismos de derechos humanos destacaron el valor de la resolución tras décadas de espera, subrayando que este veredicto consolida la jurisprudencia argentina e internacional frente al terrorismo de Estado y reafirma que los delitos de lesa humanidad no prescriben.

REDACCIÓN MAZO