Publicado: 22/11/2023 09:00 PM

Hace 32 años, fueron asesinados por agentes de la Policía Metropolitana los estudiantes Darwin Capote, José Gregorio Vergara (ambos de 17 años) y el soldado José Humberto López Arias (21 años), durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez II.

Los estudiantes y el soldado estaban en medio de una manifestación donde se izaron las consignas de reclamo a favor del pasaje estudiantil. Derecho adquirido que el gobierno se negaba a cumplir, mientras alentaba el odio contra los estudiantes en las filas de los cuerpos represivos del Estado.

Esta tendencia de animadversión policial contra los estudiantes se manifestó en  efectivos policiales que vaciaban el contenido de perdigones de los cartuchos de sus escopetas para sustituirlos con relleno de metras, tuercas y clavos. Fueron estas recargas letales las que cegaron la vida de  50 estudiantes durante los cuatro años que CAP gobernó a Venezuela en su segundo periodo.

Ese mismo año fueron asesinados ocho estudiantes en varias ciudades del país, entre ellos: Ricardo Silva (17 años), quien recibiera un impacto de bala durante los disturbios en la Universidad de Carabobo-Bárbula; Rubén Darío Cárdenas, de la ULA–Trujillo, quien murió a causa de una herida en la vena femoral mientras huía de la policía y Jimmy Hernández, estudiante del Liceo Andrés Bello de Caracas, quien murió mientras manifestaba contra el plan de privatización de la educación pública y gratuita que ejecutaba CAP en todo el país.

Esta ola de protestas se elevaron en todo el país no solo para reivindicar los derechos estudiantiles, sino para frenar el auge privatizador del gobierno que quebró fraudulentamente varias empresas solventes del Estado para luego rematarlas a precios viles e irrisorios, como fue el caso de centrales azucareros, la red  hotelera, empresas cementeras, astilleros, navieras, termoeléctricas, Viasa, Aeropostal, CANTV y otras. Las próximas en esta lista privatizadora eran PDVSA, las industrias de la CVG, Hidrocapital, las autopistas, los teleféricos y El Metro de Caracas.

Todo lo anterior contribuyó a fortalecer los engranajes de   la ya instalada, desde 1958, fábrica de pobreza puntofijista en Venezuela trayendo consigo:

Desempleo, deserción escolar, desnutrición, mortalidad infantil, insuficiencia sanitaria, insuficiencia de viviendas, violencia social, infancia abandonada, mendicidad, desabastecimiento,  paralización de la producción agraria, campos despoblados, hacinamiento urbano y el ensanchamiento abismal de las brechas sociales.

REDACCIÓN MAZO