Muerta estudiante de un balazo SONIA ORDÓÑEZ CARDENAS
Publicado: 03/07/2024 09:00 PM
(Últimas Noticias, el Nacional y 2001, 2 de julio de 1987)
- Sonia Ordóñez Cárdenas (18 años) cursaba cuarto años de bachillerato en el Liceo Fermín Toro. La estudiante vivía en una casa situada en la calle Aveledo, barrio Los Arbolitos, cerca de la antigua sede del Ministerio de la Defensa en La Planicie.
- Recibió un impacto de bala en el tórax cuando descendía de un microbús. El disparo fue efectuado por motorizados de la DISIP durante los disturbios del Liceo Manuel Palacio Fajardo, en el sector Sierra Maestra del 23 de Enero.
- Un día después, la ciudad de Trujillo se vio conmocionada por la muerte del estudiante de Ingeniería de la Universidad de Los Andes (ULA), Johnny Matos Villarroel, de 21 años.
- El estudiante trujillano fue asesinado por efectivos policiales que allanaron el núcleo de la ULA.
El Contexto:
- Lanzar el ejército a la calle, fue la respuesta del gobierno reaccionario de Jaime Lusinchi, para contener la protesta estudiantil. Esto dejó como saldo la muerte de Sonia Ordoñez Cárdenas en Caracas y Johnny Matos Villarroel en Trujillo.
- En las ciudades de Caracas, Valencia, Maracay Mérida y Trujillo, los estudiantes llevaron a cabo varias manifestaciones en contra de las medidas del Ministerio de Educación que pretendía prolongar el año escolar hasta septiembre. Era ministro de Relaciones Interiores, José Ángel Ciliberto, brazo ejecutor de la represión.
- En ese entonces quedó registrada una denuncia contra Ciliberto y la Secretaria Privada del Presidente de la República, Blanca Ibáñez, por la compra ilegal de 100 Jeeps, con cargo a la partida secreta, que fueron destinados para el uso particular de familiares del entorno presidencial y militantes regionales del partido AD.
- El refinanciamiento de la deuda externa en condiciones leoninas para Venezuela, las muertes de Sonia Ordoñez Cárdenas y Johnny Matos Villarroel, y las masacres de El Amparo (8-10-88) y Yumare (8-5-1986), son solo una pequeña muestra de la impunidad que desde Miraflores auspiciaron los gobiernos de la Cuarta República.
REDACCIÓN MAZO