Publicado: 14/08/2024 09:00 PM

(EL DIARIO DE CARACAS, 2 de mayo 1986)

• Ante el hallazgo de más de 600 osamentas humanas ubicadas en distintos lugares del edo. Zulia, el entonces gobernador de esa entidad, Omar Barboza, declaró que eran “huesos de vaca depositados por los mataderos”.
• Contrario a lo que dijo el gobernador Barboza, estos vertederos de osamentas humanas fueron en realidad fosas cavadas por los organismos de cuerpos policiales del edo. Zulia para intentar desaparecer rastros de las víctimas que ajusticiaban.
• Según las investigaciones realizadas por una Comisión de Senadores y Diputados del Congreso Nacional se concluyó que “no cabe la mayor duda de la complicidad de los organismos policiales con estas desapariciones”.
• Para los diputados que solicitaron las investigaciones del pozo, ubicado en el sector Bajo Grande de la Hacienda Quintero en Maracaibo, lo descubierto fue “un espectáculo tenebroso, a pesar de que las autoridades pretendan minimizarlo”.
• El gobernador para eludir toda responsabilidad agregó que “si los huesos empozados no son de vaca, entonces se trata de una conspiración contra los organismos policiales”.
• Lo cierto es que, a raíz de sus declaraciones, todas las excavaciones fueron obstaculizadas y el gobernador Barboza usó todo su poder para impedir que estas investigaciones se llevaran a cabo.
• El gobernador prohibió el paso de los médicos forenses para que rindieran declaración de las autopsias efectuadas.
• Los periodistas y reporteros gráficos fueron desalojados de la zona y no pudieron cubrir la información sobre las fosas descubiertas y los restos humanos ahí encontrados.
• Sin embargo, en esta edición de El Diario de Caracas se pudieron publicar las fotos, los restos de las víctimas ajusticiadas y la identificación de dos de los 600 desaparecidos; se trató de Nelson Enrique Hernández y José Alberto Carrillo, a quienes le fueron encontradas en sus bolsillos sus respectivas cédulas de identidad.
• Adicionalmente, en ese mismo reportaje aparecieron identificadas las osamentas de Jaime Mauricio Ibarra y Jorge Rogelio López.
• Uno de los funcionarios de la PTJ, allí presentes, declaró que “se trataba de delincuentes y que por eso los habían matado”.
• La represión ocurrida entre 1984-1989, periodo en el cual gobernaron Omar Barboza en el Zulia y el presidente Jaime Lusinchi en Venezuela, es de su entera responsabilidad.
• Ambos son corresponsables de las trincheras excavadas donde fueron a parar 600 cadáveres de las víctimas atribuidas a su gestión y a los cuerpos policiales que estaban bajo su mando.
• El gobernador era socio predilecto del entonces presidente Lusinchi, en más de un turbio negocio**,** y escaló a la primera magistratura del Zulia gracias al padrinazgo del multimillonario zuliano Beto Finol.
• Al empeño del diputado por el MAS, Luis Homez, se deben todas las denuncias y actuaciones efectuadas para esclarecer los centenares ajusticiamientos realizados por los cuerpos policiales zulianos.
• Gracias a este diputado a la Asamblea Legislativa podemos hoy conocer sobre esos 600 desaparecidos que pasaron a formar parte de la nómina de ajusticiados en tiempos de la Democracia Representativa de AD y Copei.

REDACCIÓN MAZO