"Procurador" fake buscaba dejar sin efecto demanda de Pdvsa contra hijo de Ramos Allup
@PresidencialVen
Publicado: 18/06/2020 02:27 PM
La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, relevó que José Ignacio Hernández, quien se autodenomina "procurador", estaba llevando a cabo acciones para anular una demanda que entabló en un tribunal estadounidense Petróleos de Venezuela (Pdvsa), contra Ricardo Ramos D Agostino, quien es hijo de Henry Ramos Allup.
En declaraciones ofrecidas desde el Palacio de Miraflores, la Vicepresidenta precisó que esta demanda contra el hijo del político venezolano se suscita tras el descubrimiento de la tenencia de un sistema que le permitía obtener información estratégica de Pdvsa conocido como "espejos".
"Este señor Hernández intentó anular un juicio que emprendió Pdvsa contra empresas que durante 10 años tuvieron un espejo de todas las operaciones que realizaba la estatal petrolera y resulta nada casual que el estafador José Ignacio Hernández fungía de asesor jurídico de estas empresas", apuntó.
Señaló que cuando se descubre este entramado de robo de información estratégica, se procede a la demanda de esta empresa que tenía espejos en Suiza, Panamá y Estados Unidos, las cuales son propiedad de Francisco Morillo y de su socio Ricardo Ramos D' Agostino.
"Eso explica por qué el señor Ramos Allup, llevó en tres oportunidades ante la Asamblea Nacional en desacato, la petición para que se declarar como usurpador al procurador general de la República, Reinaldo Muñoz, así como la petición para que se le establecieran sanciones ilegales por parte de los Estados Unidos", subrayó.
"José Ignácio Hernández había buscado que se dejara sin efecto la acusación de Venezuela contra Morillo y Ramos en el tribunal de Florida, y lo mismo hizo en Suiza; era el pacto que tenía Ramos Allup, (Juan) Guaidó y (Leopoldo) Lopez, para mantener el apoyo de la tolda política del señor Ramos al denominado "gobierno interino", develó.
Al respecto, informó que se ha solicitado a la Contraloría General de la República, que se inicie una investigación administrativa sobre estos dirigentes políticos y que de igual manera se notifique a la Fiscalía General de la República, si existen delitos civiles que ameriten su enjuciamiento.