Propietaria del avión de Luisa Ortega usó C.I. de piloto del narcotráfico Carmelo Vásquez
Publicado: 12/06/2017 03:51 PM
Una de las accionistas de la compañia Delta Sierra 2012, que se atribuye la propiedad del avión King Air 300 (usado por la Fiscal Luisa Ortega Díaz) aparece identificada con la cédula de un “reputado” piloto del narcotráfico en el expediente instruido inicialmente por el Tribunal Primero de Juicio de Miranda con motivo del intento de hurto del que fue objeto en septiembre de 2013 en el Aeropuerto Oscar Machado Zuloaga de Charallave, en los Valles del Tuy.
Se trata de Rubymar Stella González Acosta, quien está identificada con la cédula V-4.103.150, que corresponde al piloto Carmelo Antonio Vásquez Guerra, involucrado en el envío de casi 6 toneladas de cocaína en un avión DC-9, que fueron decomisadas en México en abril de 2006. El verdadero documento de identidad de la mujer, actualmente de 40 años de edad, es V-13.285.643.
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Los datos de los accionistas de Delta Sierra[/caption]
Pese a tan llamativa inconsistencia ninguno de los al menos cuatro fiscales que a lo largo de casi cinco años dirigieron la investigación e impulsaron el proceso se percataron de la anomalía. Como tampoco lo hizo la directora contra drogas del Ministerio Público, Marisela de Abreu Rodríguez, que el pasado 19 de mayo anunció que había presentado un recurso de amparo, ante la Sala Constitucional del TSJ, contra la decisión de la Corte de Apelaciones de Miranda que el 22 de junio del año pasado había confirmado la revocatoria de la medida de aseguramiento acordada en noviembre de 2015 por el tribunal de la causa.
Lo mismo ocurrió con los distintos magistrados, del tribunal de juicio y de la sala 3 de la corte de apelaciones, que tomaron decisiones tanto referidas al proceso penal contra al menos ocho imputados por el hurto frustrado como sobre el destino del avión manufacturado en 1985.
Además de la persecución por el fallido robo, registrado el 18 de septiembre de 2013, el proceso se centró en supuestas irregularidades en los documentos de propiedad de la aeronave y en el origen de los recursos para su adquisición.
Nadie se dió cuenta del “error” de identificación cuyo origen se atribuye, hasta ahora, al documento constitutivo de la firma inscrita el 6 de diciembre de 2012 en el Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital y donde figuran como socios la señora González Acosta y el ingeniero Jorge Seputis, vicepresidente de tesoreria del banco Banplus.
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Jorge Seputis[/caption]
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Rubymar Stella González[/caption]
El escándalo sobre el uso del avión estalló el pasado lunes 5 de junio cuando el periodista Eligio Rojas, especializado en información judicial, publicó un detallado reportaje sobre la reiterada resistencia del Ministerio Público a devolver el equipo aeronaútico que le había sido entregado bajo la figura de administración especial, prevista en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Esto ocurrió el 7 de mayo de 2014 según consta, precisa Rojas, en “un acta firmada entre la titular del Ministerio Público y Gyoris Sthephan Guzmán Valdéz, el entonces director de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Guzmán Valdéz realizó el convenio por instrucciones de su jefe, el ministro Miguel Rodríguez Torres”.
La nota del también reportero de más de 20 años en el diario Ultimas Noticias, destaca que “desde hace tres años es el avión de uso particular de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, según fuentes del propio Ministerio Público”, y detalla las actuaciones de la Fiscalía dirigidas a mantenerlo en su poder.
La más reciente había sido la solicitud del amparo ante la Sala Constitucional informado el 19 de mayo por Abreu Rodríguez para revertir los efectos de la entrega formal de la aeronave al abogado David Guiñan García, en su carácter de apoderado de Delta Sierra, por parte de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada, ese mismo día.
Vale anotar que la actual directora contra drogas del MP actuó desde el primer momento en la historia y fue quien solicitó, como fiscal séptima provisoria nacional, la medida de aseguramiento real de la aeronave acordada el 9 de abril de 2014 por el Tribunal Primero de Juicio con sede en Ocumare del Tuy.
En su nota Eligio Rojas advertía que la decisión que se debía tomar “presagia a todas luces un nuevo capítulo en la pugna que inicio Luisa Ortega Díaz el pasado 31 de marzo 2017 contra la Sala Constitucional a quien acusó de haber sido factor fundamental “en la ruptura del hilo constitucional” y de traer inseguridad jurídica al país, según sus palabras.”
Y agregaba que “lo cierto es que la Sala ya tiene el expediente en sus manos, una de cuyas piezas es la “caja negra” donde guardan las rutas recorridas por el mundo que ha dado en tres años la aeronave. Revelar la identidad de los “encolados”, traería un nuevo “impasse” entre la Fiscal General y la Sala Constitucional”.
El efecto de la información revelada precipitó decisiones pero en el Ministerio Público que desistió del amparo y acordó la devolución inmediata del King Air 300 ahora identificado con la matrícula YV-3082. La anterior era YV-2899 y había sido declarada en abandono por el Instituto Nacional de Aviación Civil (Inac) en 2015.
Sin embargo la devolución no hizo disminuir el escándalo, pues el apoderado de Delta Sierra, el abogado Abraham Mussa Uribe, (quien fue viceministro del Trabajo en 2008) afirmó que el avión no era empleado para labores institucionales sino en forma personal por la Fiscal General y su esposo, el diputado por Lara, Germán Darío Ferrer. Inclusó calculó los costos del uso indebido en unos 300 mil dólares y asomó la posibilidad de demandar judicialmente por los daños a la funcionaria.
Y para rematar la tarde del viernes la Sala Constitucional del TSJ informó que había solicitado al Inac, como autoridad aeronáutica, la relación de los viajes realizados por el King Air mientras estuvo en poder de Ortega Díaz.
Cuando en abril de 2014 el tribunal de Miranda acordó la medida de aseguramiento lo hizo con base en los señalamientos de la fiscal Abreu Rodríguez sobre la falta de transparencia en la adquisición del avión. Textualmente el juez apreció que “el Ministerio Público solicitó información en relación a su adquisición, lo cual, hasta la presente fecha, no ha quedado suficientemente claro, en razón de que la constitución de la misma se hizo, al decir de los accionistas en entrevistas rendidas ante la sede fiscal, para adquirir la aeronave para uso particular, aún cuando el objeto sea distinto de acuerdo al registro mercantil, aunado al hecho de no llevar libros contables y poseer como domicilio fiscal el mismo donde residen los ciudadanos Rubymar Stella y Dieter Lukas Staubli (esposo de la primera de las mencionadas, quien presuntamente compró la aeronave pero no aparece como accionista en el registro mercantil), lo cual se corroboró con la inspección practicada por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana”.
Adicionalmente en el proceso de investigación sobre el origen del avión “con fecha 14-04-2014 se solicitó Carta Rogatoria a las autoridades competentes de la Confederación Suiza para determinar en vista de lo manifestado en las entrevistas, el origen de los fondos y descartar que esa empresa Delta Sierra 2012. C.A adquirió el bien, en circunstancias que razonablemente lleven a concluir que los derechos fueron transferidos para evadir una posible incautación preventiva, confiscación o decomiso”, según se cita en la decisión del 22 de junio de 2016 de la corte de apelaciones.
Estos datos evidencian que el Ministerio Público fue “muy diligente” tratando de encontrar irregularidades en la adquisición, pero no vio una inconsistencia tan comprometedora como la “confusión” de los documentos de identidad de la esposa del inversionista suizo Dieter Stäubli con la del principal tripulante del “Cocaína One” en 2006, Carmelo Vásquez.
La pregunta ahora es ¿por que aparece la cédula del narcotraficante en el registro mercantil de Delta Sierra? Y de no ser así ¿cómo llegó y se mantuvo semejante “error” en el expediente MP21-P-2013-015903 durante casi cinco años?
¿Quien es Carmelo Vásquez?
El venezolano del 61 años, Carmelo Antonio Vásquez Guerra, es el piloto del DC-9 con matrícula estadounidense N900S capturado en México con 5 toneladas y media de cocaína, tras sufrir un accidente que lo obligó a aterrizar en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche, el 10 de abril de 2006.
El enorme avión, que llevaba 128 maletas cargadas con cocaína sobre los asientos en lugar de pasajeros, había salido del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.
El DC9-15 fue bautizado como “Cocaína One”, pues poseía un emblema similar al usado por los aviones oficiales de ese país, tal como el presidencial Air Force One. La investigación sobre este caso frece un conjunto de elementos que avalan la hipótesis de que la CIA (inteligencia estadounidense) dirige el mayor cartel de tráfico de drogas en el mundo.
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“Cocaína One”, el DC-9 operado en 2006 por Carmelo Vásquez[/caption]
El caso involucró gravemente a Venezuela, pues los voceros antidrogas de EEUU (incluidos medios) han posicionado la versión de que la droga fue embarcada desde la rampa 4, un área que sirve a las instituciones de gobierno y a la propia Presidencia de la República. La responsabilidad del envío fue atribuida por esos mismos voceros al narcotraficante Walid Makled. Este, sin embargo, ha negado esa versión.
También hay versiones de prensa que relacionan a Vásquez Guerra con el traficante mexicano “Chapo” Guzmán, hoy detenido en EEUU.
En Campeche, según la versión oficial, Carmelo logró escapar del cerco de los soldados que cercaron la aeronave tras su aterrizaje. Atraparon al copiloto que fue identificado como Miguel Vicente Vásquez Guerra.
Carmelo volvió a escapar en agosto de 2008 desde Guinea-Bissau, donde fue atrapado en un avión gringo con 500 kilos de cocaína, junto a los aviadores venezolanos, Carlos Luis Justiniano Núñez y Daniel Aguedelo Acevedo. Una semana más tarde se volvió a librar de una captura en Bamako, la capital de Mali.
La suerte se le acabó el 16 de junio de 2011 cuando fue capturado por agentes del Cicpc en el estacionamiento del Hotel Eurobuilding de Caracas con un cargamento de 70 kilos de droga. Además tenía una orden de captura por el tribunal segundo del estado Vargas por el caso del “Cocaine One”. Actualmente debería estar pagando condena en alguna cárcel de Venezuela.
Un suizo que apoya los disturbios con una casa de valores en Panamá
Dieter Stäubli, un ciudadano aparentemente suizo, es la persona que la propia fiscal Abreu Rodríguez señaló en 2014 como el verdadero comprador del avión, según la solicitud de la medida de aseguramiento.
De acuerdo con la versión presentada por la Fiscalía, Stäubli es el esposo de Rubymar Gonzalez, la accionista de Delta Sierra con la cédula del piloto Vásquez Guerra, y según esa referencia está residenciado en Caracas. De hecho el domicilio de la compañía está en la residencia de la pareja lo cual es anotado como una irregularidad por la Fiscalía.
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Dieter Stäubli y Rubymar González[/caption]
Sin embargo el suizo no aparece inscrito como elector extranjero ni en otro registro que certifique que es un ciudadano residenciado en Venezuela.
Donde si aparece su nombre es en Panamá, como directivo de Panacorpo, Casa de Valores, una firma de corretaje de papeles y títulos que opera en el edificio Ocean Business Plaza, piso 11, Oficina 11-06, Urbanización Marbella, Corregimiento de Bella Vista de la capital panameña.
Se trata de una compañía de mercado de capitales donde la mayoría de sus directivos son venezolanos. Su presidente es Erwin Kurt Thomas Monagas.
Y aunque el empresario no es votante en Venezuela eso no significa que no tenga interes en la política venezolana. Al contrario, su foto de perfil y sus más recientes publicaciones lo muestran como una especie de activista de la oposición venezolana y evidencia su respaldo a las protestas violentas que actualmente ocurren en la nación suramericana.
La más llamativa es una actualización del 20 de mayo donde se observa una foto en la principal autopista de Caracas donde aparecen unos ocho jóvenes con capuchas y escudos (que utilizan en combates con la policía), mientras en un primer plano se observa a una mujer de espaldas que parece realizar una oración con las manos puestas en las cabezas de dos de los encapuchados. No es posible saber quien es la mujer, que lleva una gorra tricolor y tiene el cabello castaño claro o rojizo, pero todo indica que se trata una foto personal.
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Una oración con los encapuchados de Caracas[/caption]
La mayor parte del resto de la fotos son de caracter personal y familiar, donde abundan vistas de playas y costas desde un yate en islas del Caribe, como Granada, Granadinas, Bahamas y Martinica. También hay imágenes aéreas de lugares como Miami o montañas cubiertas de hielo de lo que podrían ser los Alpes suizos.
Llama la atención un diálogo, bastante íntimo, que mantuvo con el acaudalado empresario Hermann Zing, propietario del Hato Paeño en Amazonas y padre de la conductora de televisión Eglantina Zing.
Algunas fotos podrían dar a entender que Stäubli también es piloto.
Un avión con seis matrículas
El King Air 300, cuyo serial de construcción es FA-48, tuvo una sola matrícula de EEUU, N7221N, desde 1985 hasta octubre de 1994, de acuerdo con los servicios de información web que le hacen seguimiento a la aeronaútica civil. En esa oportunidad comenzó a usar las siglas N271BC hasta octubre de 2010, cuando fue exportada a Venezuela y le fue asignada la identificación YV-477T.
En febrero de 2013 vuelve a aparecer con matrícula estadoundense, N348JS. Ese mismo año vuelve a ser matriculada en Venezuela con la nomenclatura YV-2899, y finalmente en 2015, estando en poder del Ministerio Público, recertificada y se le asigna el codigo YV-3082. Las anteriores matrículas venezolanas aparecen en un listado del Inac en un proceso de declaratoria de abandono de aeronaves.
De acuerdo con alguien allegado a la aviación civil en Venezuela, el avión fue adquirido por Stäubli y Jorge Arunas Seputis Bertran, tesorero de Banplus a finales de 2012. Fue traído al país a principios de marzo de 2013 y en los siguientes dos meses fue intervenido en un programa de mantenimiento exhaustivo. “Practicamente quedó como nuevo”.
Comenzó a ser volado desde Caracas a principios de mayo pero sólo se usó para viajes recreacionales a locaciones del Caribe como Los Roques. Su primer viaje a Miami estaba previsto para el 19 de septiembre, lo que fue frustrado por el intento de robo.
Por el robo fueron condenados el dominicano Christofer Noesy y el ecuatoriano José Urbano Donoso a 5 años de prisión. En 2015 quedaron en libertad por una medida de suspensión condicional de la pena.
Mientras que resultaron absueltos los otros seis procesados, incluyendo el piloto y copiloto del avión, y cuatro efectivos del Ejército, pues el hecho ocurrió en un área donde funciona el Centro de Mantenimiento de la Aviación del Ejército.
Si bien el informante asegura que la compra realizada por Stäubli y Seputis fue legítima y con recursos de su propiedad, llama la atención que las transcciones realizadas desde 2010 se hicieron desde compañías domiciliadas en el estado de Delawere, una especie de paraíso fiscal dentro de EEUU.
El hecho cierto es que la del King Air 300 es una historia que aún no termina y más bien comienza buscando la explicación de la presencia de Carmelo Vásquez (o de su cédula, para ser más exactos) en los documentos de propiedad y en el expediente del hurto de Charallave.
LA TABLA