Salud pública en Ecuador colapsa por falta de ambulancias y personal
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Publicado: 01/09/2026 04:34 PM
El Servicio de Atención de Salud Móvil de Ecuador enfrenta un colapso institucional caracterizado por la inoperatividad de más del 50 % de sus ambulancias y una severa falta de personal capacitado, situación que vulnera el derecho a la atención médica oportuna en las comunidades más desprotegidas del país.
De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional 2025-2029 del Ministerio de Salud Pública (MSP), en mayo de 2026 solo 130 de las 279 ambulancias bajo monitoreo continuo se encontraban operativas a escala nacional, lo que representa un 53 % de la flota paralizada por desperfectos mecánicos, falta de repuestos, ausencia de pólizas de seguro y retrasos burocráticos en el pago de deducibles a talleres, reseñó Telesur.
La parálisis del sistema prehospitalario golpea con especial dureza a las zonas rurales y populares, pues en la provincia amazónica de Orellana la totalidad de las unidades operativas quedó fuera de servicio, mientras en distritos de alta vulnerabilidad social como Guayaquil, Manabí y Guayas los niveles de inoperatividad superaron el 60 %, dejando a familias enteras desamparadas ante situaciones de riesgo vital.
A la escasez de unidades móviles se suma un déficit de 476 trabajadores del área de la salud, distribuidos entre 277 paramédicos y 199 conductores, con las mayores brechas territoriales concentradas en las provincias del norte como Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos, además de las zonas rurales del litoral, donde las comunidades enfrentan barreras geográficas y económicas históricas para acceder a la red hospitalaria pública.
El propio diagnóstico técnico del MSP reconoce que la rotación constante de personal, la falta de herramientas tecnológicas y la escasa inversión estatal comprometen la cobertura nacional. Pese a la incorporación formal de 188 vehículos entre 2023 y 2025 a través de convenios con la cooperación internacional, el inventario neto del parque automotor no se incrementó, lo que evidencia una política de parches institucionales que no resuelve el problema de fondo.
REDACCIÓN MAZO