Publicado: 26/07/2023 10:00 PM

• José Ramón Blanco, de 50 años, y José Ramón Credes, de 24 años, recibieron disparos en la cabeza segundos después de haber pasado por la alcabala de El Guapo, mientras se desplazaban en carro por la carretera de Oriente.

• Ambos venían de Maturín con destino a Caracas, cuando fueron acribillados por los cuerpos represivos del Estado que mantenían aterrorizadas a las localidades cerca de Barlovento.

• Los autores del asesinato fueron agentes de una comisión de la Digepol destacada en uno de los campamentos antiguerrilleros, la cual mantenía azotadas a las poblaciones de Cúpira, El Cumbe, Río Chico y el Guapo. 

• La versión oficial señaló que los viajeros fueron objeto de una “confusión”, cuando involuntariamente no atendieron a la “voz de alto”, al pasar frente a la alcabala policial.

• Latifundistas confidentes de la Digepol fueron denunciados por dirigentes campesinos y sindicatos agrícolas como los autores de la persecución contra comunidades campesinas que trabajan pacíficamente sus tierras y eran continuamente acosados por familias terratenientes.

• Los latifundistas propietarios de grandes haciendas de cacao, en combinación con la Digepol, sostuvieron en ese momento una persecución sistemática y selectiva contra dirigentes campesinos, acusándolos de ser enlaces guerrilleros.

• Pobladores y campesinos indefensos de esas zonas fueron arbitrariamente detenidos, torturados y en algunos casos desaparecidos, para favorecer la desaparición y desplazamiento de comunidades campesinas acusadas de colaboracionismo con los movimientos insurgentes.

• Contexto: 

- Perseguir, desplazar, torturar y fusilar campesinos fue una práctica frecuente de los gobiernos de Betancourt y Raúl Leoni.  

- Ese año de 1964, el diputado José Herrera Oropeza de Vanguardia Popular Nacionalista, denunció y publicó, con pruebas en la mano, el fusilamiento de más de 100 campesinos en los estados Lara, Falcón, Yaracuy y Trujillo.

- Herrera Oropeza también denunció y publicó la lista de mujeres violadas a manos de agentes de la Digepol en el estado Lara: Ubaldina Jiménez de Colmenares (Caserío Cerro Blanco), Rosa Alvarado (Caserío Sabana Grande), Juanita López (Quebrada de Oro), Olimpia López (Quebrada de Oro), Paula Pérez, Marta Alvarado (El Olivo), Señora Vargas (Las Cenizas) y María Ramona Escalona (Caserío El Salvador).

- Se informó a la Cámara de Diputados y a la prensa nacional que en ambas listas no aparecieron 22 nombres de campesinos (as) cuyas ejecuciones por la Digepol y el SIFA se efectuaron en sitios muy lejanos; así como un número de mujeres violadas por estos agentes de la represión; estas víctimas prefirieron ocultar sus identidades por razones de pudor social. 

- EEUU entrenó a cuadros policiales venezolanos para sembrar el terror en los campos venezolanos e impedir el contacto del campesinado con jóvenes universitarios alzados en las montañas contra el gobierno.

- La actividad agrícola, sus medios de producción y beneficios inmediatos fueron declarados por EEUU y Betancourt como potenciales enemigos y por ello la persecución intensiva de campesinos.

- Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores, Gonzalo Barrios, admitió que “la Digepol sí atropella”, y además agregó “que los atropellos de esta índole ocurren en los países más organizados”.

- Algunos sectores políticos señalaron que las declaraciones del ministro eran una confesión acerca de la política represiva impuesta por su antecesor, Carlos Andrés Pérez, y ejecutada por el Capitán Vegas, Erasto Fernández, el inspector Leal y otros funcionarios de la Digepol.

REDACCIÓN MAZO