Senado de Brasil aprueba Política Nacional de Minerales Críticos para impulsar la industrialización

Publicado: 03/09/2026 11:01 AM

El Senado de Brasil aprobó el proyecto de ley que crea la Política Nacional de Minerales Críticos y Estratégicos, una iniciativa orientada a incentivar el procesamiento interno de materias primas, romper con el modelo primario exportador de bienes sin valor agregado y afianzar la soberanía sobre los recursos naturales del país.

De acuerdo con información reseñada por Telesur, el marco regulatorio contempla la creación de un fondo de garantía de capital privado con participación estatal de hasta 400 millones de dólares, además de un paquete de crédito fiscal cercano a los 1 mil millones de dólares para apalancar la industria nacional.

El medio internacional detalló que entre los años 2030 y 2034 el acceso a estos incentivos anuales, fijados en un tope de 200 millones de dólares por año, estará reservado únicamente a empresas constituidas conforme a la legislación brasileña que certifiquen inversiones reales en la transformación minera local.

Asimismo, la legislación dispone la creación de un Consejo de Industrialización subordinado a la Presidencia de la República para supervisar la venta de concesiones y resguardar la información geológica estratégica frente a alianzas extranjeras que puedan comprometer la seguridad económica del Estado. Poseedor de la segunda mayor reserva de tierras raras del planeta, el país busca fortalecer su autonomía tecnológica en la transición energética global y profundizar su integración en el bloque de los BRICS.

Pese al enfoque soberanista de la normativa, movimientos sociales y organizaciones ambientalistas expresaron preocupación por el reducido espacio otorgado a las comunidades en el nuevo esquema institucional.

La representación dentro del Consejo de Industrialización, conformada por 15 miembros del Gobierno, dos del sector privado y apenas uno de la sociedad civil, genera alarmas en sectores populares, indígenas y rurales ante la aceleración de proyectos extractivos y el riesgo de afectaciones territoriales.

REDACCIÓN MAZO