TSJ ratificó inhabilitación de Henrique Capriles Radonsky

Capriles Radonsky está inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años
Foto: Internet

Publicado: 26/01/2024 05:05 PM

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente el amparo cautelar interpuesto por el opositor Henrique Capriles Radonsky con la finalidad le fuese levantada la inhabilitación para ejercer cargos públicos que pesa sobre éste.

En sentencia emitida este viernes por la Sala Político Administrativa del máximo tribunal del país, se indica que la sanción impuesta al opositor está basada en actos en los cuales se le encontró culpable.

"SE DECLARAN FIRMES los actos impugnados, y en consecuencia, el ciudadano HENRIQUE CAPRILES RADONSKI, de acuerdo a la Resolución Nro. 01-00-000239, de fecha 6 de abril de 2017, ESTÁ INHABILITADO POR QUINCE (15) AÑOS PARA EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS, por estar incurso, entre otros, en los siguientes hechos: “Por irregularidades administrativas ocurridas durante los ejercicios fiscales 2011, 2012 y primer trimestre del 2013, en el desempeño de sus funciones como Gobernador del estado Bolivariano de Miranda, al haber actuado de manera negligente al no presentar el Proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, ante el Consejo Legislativo del aludido estado (...)”, indica taxativamente la sentencia.

De igual manera, en otra sentencia, el TSJ habilitó para ejercer cargos públicos a los también opositores Pablo Pérez Álvarez y Zulay Medina Sarmiento.

La decisión se tomó en base a un amparo cautelar interpuesto por ambos políticos a la luz de los acuerdos suscritos en Barbados entre el Gobierno Nacional y la oposición.

Cabe recordar que el 17 de octubre de 2023, las delegaciones del Gobierno Bolivariano y de la Plataforma Unitaria de un sector de la oposición firmaron dos acuerdos parciales en la jornada de reanudación del proceso de diálogo y negociación que se llevó a cabo en la ciudad de Bridgetown, en Barbados.

Los acuerdos parciales se refieren a la promoción de derechos políticos y garantías adicionales para todos, y la protección de los intereses vitales de la nación.

REDACCIÓN MAZO

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