Venezuela presenta ante la ONU Viena avances de Consulta Nacional para Reforma de la Justicia Penal

En el marco del debate general del 35.° período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), celebrado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Viena, la delegación de la República Bolivariana de Venezuela informó sobre el proceso de Consulta Nacional iniciado el 1 de junio. 

Esta iniciativa busca la reforma integral e inclusiva del sistema de justicia penal para consolidar y adecuar los órganos de administración de justicia a las demandas actuales de la población, otorgando especial prioridad a la celeridad procesal, el fortalecimiento de la integridad de los tribunales y la erradicación de la criminalización de la pobreza.

La delegación nacional, dirigida por la embajadora Claudia Salerno Caldera, representante permanente ante los Organismos Internacionales con sede en Viena, destacó que los poderes Ejecutivo y Legislativo convocaron este proceso consultivo, que desplegará debates en todo el país para detectar nudos críticos desde la experiencia directa de defensores, jueces, fiscales y comunidades organizadas.

Como parte de esta ruta, la diplomática venezolana hizo referencia a la promulgación, en mayo de 2026, de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual marca el inicio de una serie de ajustes estructurales orientados a optimizar los tiempos de respuesta del sistema penal y civil.

Asimismo, Venezuela reafirmó en la plenaria su compromiso con los principios fundamentales de la Declaración de Kioto de 2021, enfatizando que la prevención del delito y la justicia penal deben servir como herramientas esenciales para la construcción de sociedades equitativas, pacíficas y sostenibles.

Por otra parte, denunció que la aplicación de medidas coercitivas unilaterales debilita las instituciones judiciales y obstaculiza su capacidad para prevenir y combatir el delito, al crear cercos financieros que limitan la cooperación internacional y el acceso a nuevas tecnologías. 

Por tal motivo, la delegación nacional hizo un llamado a la comunidad internacional para que actúe con coherencia moral y cumpla con las obligaciones dimanantes de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos complementarios. De este modo, se busca garantizar que los recursos destinados a la cooperación técnica y financiera sean sostenibles, previsibles y sin condicionamientos políticos.

Finalmente, el país suramericano reiteró que la prevención y la lucha contra el delito en sus distintas expresiones es una responsabilidad común y compartida que exige un enfoque integral y equilibrado. Este esfuerzo debe realizarse de plena conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y la Declaración Universal de Derechos Humanos, respetando plenamente la soberanía, la integridad territorial de los Estados, el principio de no intervención en asuntos internos y el respeto mutuo.

REDACCIÓN MAZO / MPPRE