Comunidad internacional debe repudiar el asedio a sedes diplomáticas realizado por el Gobierno de Facto boliviano

Ante el asedio a la sede diplomática de México en Bolivia, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) las violaciones a normas del Derecho Internacional Público como la inviolabilidad, privilegios e inmunidades del personal sede diplomática que se está cometiendo por parte del gobierno de facto dirigido en Bolivia por la autoproclamada Jeanine Añez, quien 

pretende mediante amedrentamiento hacia el personal diplomático de otros países, impedir la salida de los ciudadanos que han recibido asilo político por parte del gobierno 

mexicano.

Luego del golpe de Estado ocurrido en Bolivia durante el mes de noviembre de 2019 y de haberse autoproclamado de manera inconstitucional como presidenta la senadora 

Jeanine Añez, se ha instaurado un régimen autoritario que ha violentado las normas democráticas de derecho interno y vulnerado la normativa internacional de los Derechos Humanos de responsabilidad universal; ante lo cual todos los gobiernos del mundo y 

organismos multilaterales con competencia en Derechos Humanos, deben exigir se detenga los atropellos al pueblo boliviano.

Pero ante la displicencia internacional y el riesgo de muerte para altos funcionarios del depuesto gobierno de Evo Morales, México recurrió unilateralmente en el marco de la 

legalidad e institucionalidad del asilo político en salvaguarda los derechos humanos de quienes se encontraban en peligro de muerte por parte del régimen de facto recién instaurado.

Esta acción humanitaria de reconocida legalidad internacional, hoy le está costando el asedio policial y militar de su personal y sede diplomática en la Paz, ignorando el gobierno autoproclamado de Bolivia sus responsabilidades que aun habiendo llegado de manera inconstitucional, debe cumplir ante la comunidad internacional normas de Derecho Diplomático que rige las relaciones entre los Estados según lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961 y en Convención sobre el Derecho de Asilo Político realizada en la ciudad de Caracas en 1954.

Por lo cual, el Estado territorial en este caso Bolivia, quien no había iniciado ningún procedimiento contra las personas que se encuentran en la embajada de México antes de 

que se le otorgara el asilo político, no puede de manera alguna impedir la salida de los ciudadano que se encuentran protegidos por el asilo, sino más bien otorgar el salvoconducto de salida que le ha sido solicitado por parte del gobierno mexicano.

Menos aún puede el gobierno del Estado territorial, amedrentar o, asediar a la delegación diplomática de México o de cualquier otro país, si estas están actuando bajo el marco de la legislación internacional, puesto que ello conduciría a una flagrante violación de la soberanía e independencia de un Estado soberano, en razón de que las sedes diplomáticas 

y su personal son inviolables, su personal goza de inmunidades y privilegios contenidos en la convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares.

Es por ello que el gobierno Mexicano soberanamente ha manifestado interponer ante la Corte Penal Internacional una querella que obligue al gobierno de la autoproclamada Jeanine Añez al cumplimiento de las leyes internacionales sobre el Asilo Politico y fundamentalmente a respetar la inviolabilidad de las sedes y personal diplomático que hoy se encuentran amenazados en la ciudad de la Paz con un estruendoso asedio policial y 

militar, pretendiendo quizás amedrentar al gobierno mexicano o quebrantar principios del Derecho Internacional Público que aun en las más cruentas dictaduras latinoamericanas como el caso chileno del gobierno de Augusto Pinochet no habían sido violentados.

Necesario es que, ante la legitima reclamación del gobierno humanista del presidente Andrés Manuel López Obrador, los demás miembros de la comunidad internacional y en especial los latinoamericanos, con énfasis en los que apoyan esa dictadura como es el caso de los gobiernos de Colombia, Perú, Chile y Ecuador junto a los demás integrantes del Grupo de Lima y la desprestigiada OEA, exijan a la dictadura boliviana que respete lo concerniente al derecho al asilo político y demás normas del derecho internacional público de obligatorio cumplimiento por parte de quienes integran el sistema de 

relaciones internacionales.

Ningún estado, por intermedio de su gobierno democrático o no, tiene potestad para vulnerar principios diplomáticos y consulares consagrados en Pactos y Convenciones, al desconocer la institución del asilo político que hasta hoy ha sido respetado por la comunidad internacional en pleno; en razón de lo cual los organismos internacionales 

creados para vigilar que no ocurran amenazas a la paz y seguridad internacional deberían 

alertar al gobierno territorial boliviano, las consecuencias en las trasgresiones de estas normas, reservándose el derecho del gobierno agredido la defensa de su territorialidad, soberanía e independencia.

@rafaeliginio