¡La guinda de la torta! Procurador de Guaidó también apoyo fraudes comerciales contra Pdvsa
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Publicado: 28/08/2019 12:24 PM
El dizque
procurador de Juanito Alimaña (Juan Guaidó), José Ignacio Hernández González,
no solo actuó para tratar de embargar Petróleos de Venezuela (Pdvsa), sino que
también funcionó como defensor para varias empresas de combustibles
involucradas en un prolongado fraude comercial contra la estatal venezolana, de
acuerdo con información de La Tabla.
En ese sentido, La Tabla indica que dicho fraude, develado en marzo del año
pasado, pudo causar pérdidas por montos de entre 5 mil y 13 mil millones de
dólares desde el año 2004, según los datos de una demanda civil en el Sur del
estado de Florida y otra penal en Ginebra.
La historia del fraude volvió a la agenda pública en la última semana por un
polémico artículo publicado por el portal PanAmPost, que apunta
fundamentalmente a la supuesta relación de la empresa Helsinge (organizadora del
desfalco) con el partido Acción Democrática, así como con su máximo líder,
Henry Ramos Allup. Sin embargo, los hechos alcanzan a muchos otros actores,
tanto individuales como corporativos.
Esta es la tercera vez que Hernández González aparece actuando como "experto", avalando
las solicitudes en contra de la República.
Previamente se conocieron los casos, no menos graves de Crystallex y Owen
Illinois, en los que actuó en las acciones que procuraban cuantiosas
indemnizaciones contra Venezuela por expropiaciones calificadas como
ilegales.
En esta oportunidad el jurista aparece ofreciendo su testimonio que sirvió a
la juez Alice Otazo-Reyes para decidir que para la legislación venezolana la
figura del fideicomiso era ilegal. Si bien el dictamen se divulgó a principios
de marzo de 2019 (cuando Hernández ya era "procurador", el informe
fue presentado en agosto de 2018.
Vale detallar que a través de la
empresa Helsinge Inc, fundada en 2004 en Panamá por el extrabajador de Pdvsa Leonardo Baquero (despedido en el sabotaje de 2002 y 2003) y
el broker Francisco Morillo, se organizó
una gigantesca trama de corrupción con pérdidas millonarias para la estatal
petrolera.
El mecanismo consistió en manipular precios, amañar licitaciones y eliminar
a la competencia, así como robar información altamente confidencial, para lo
cual "clonaron" los servidores de Pdvsa con un servidor espejo
instalado en la sede de Helsinge en Miami.
De esta manera se favoreció un grupo de empresas poderosas (42 según la
investigación) comercializadoras de crudo y combustibles, vinculadas a grandes
corporaciones mundiales que tuvieron acceso a información confidencial (en
perjuicio de otras empresas pequeñas), lo que les permitió ganar licitaciones
en procesos de compra de petróleo y
venta de derivados, y además atentar contra el patrimonio de Pdvsa.
Tras descubrirse la trama de corrupción, el Estado demandó a las 42 empresas, entre las cuales
están Lukoil Petroleum LTD, Glencore Ltd, Vitol SA y Trafigura AG y Colonial
Oil Industries.
Con ese fin se creó en 2017 el
fideicomiso Pdvsa US Litigation Trust, con la autorización del ministro de
Petróleo de entonces, Nelson Martínez y el aval del procurador Reinaldo Muñoz
Pedroza, y la participación operativa de la firma de abogados estadounidenses
Boies Schiller Flexner.
La acción judicial, presentada en el Tribunal de Distrito del Sur de la Florida, derivó en una moción por parte de
las empresas para descalificar el fideicomiso que fue encomendada para su
resolución a la juez Alicia Otazo-Reyes.
Por su parte la oposición venezolana encomendó a los abogados Carlos Ramírez
López y Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de la República y quien se
encuentra prófuga de la justicia, acudir a la Corte Federal del Distrito Sur
del estado de la Florida a fin de impugnar la legitimidad de la actuación del
procurador Reinaldo Muñoz Pedroza.
El argumento esgrimido fue que había un nuevo gobierno en Venezuela y que el
gobierno de los Estados Unidos reconocía
era al nuevo procurador, es decir a José Ignacio González Hernández.
Previamente, aunque en el mismo contexto político surgió la decisión de la
Asamblea Nacional que, bajo la
presidencia de Omar Barboza, en abril de 2018 calificó como inconstitucional el
fideicomiso y prácticamente abrió las puertas para que la administración de
justicia estadounidense desconociera cualquier actuación del verdadero
procurador venezolano.
Con esto se buscaba que no fuese aceptada la validez del fideicomiso Pdvsa
US Litigation Trust, lo que estaba en correspondencia con los intereses y el
deseo de las empresas demandadas por el fraude en perjuicio del estado
venezolano.
Es bueno recordar que el abogado Hernández González, estrechamente vinculado con el equipo de Ricardo Hausmann y con empresas Polar, forma (o formó) parte del bufete Grau, García, Hernández & Mónaco que hace algunos años defendió a Empresas Polar en una investigación de Cadivi debido al uso de documentos falsos o forjados para tramitar divisas y liquidar importaciones.
Es decir, una persona que se supone
que fue designado en ese cargo (así sea ilegal) para defender los
intereses de la República, resulta que tiene un historial que siempre lo ubica
del lado de la contraparte.
En este caso, la decisión de la juez Otazo-Reyes (publicada en marzo de 2019) se basó en los
argumentos expuestos en su informe por el profesor Hernández González, quien es
identificado como "experto legal de Venezuela."
En el dictamen de la juez Otazo-Reyes también se hace referencia al conocido
argumento de Hernández que considera a Pdvsa cómo un simple instrumento del
Estado. Éste argumento fue el que
permitió acciones de embargo por parte Crystallex y, eventualmente, de Owen
Illinois.
Y también se hizo público un extracto fotografico de la transcripción de la
comparecencia de Hernández en el tribunal.
El representante de la corte presenta a José Ignacio Hernández al
abogado del fideicomiso, David Boies y lo describe como experto en derecho de Venezuela,
particularmente derecho de constitucional, administrativo y mercantil y en regulación petrolera venezolana para ver
si no tenía ninguna objeción.
Tras eso otro abogado de apellido Lennon, a través de una pregunta, dejó constancia qué el experto se encontraba en el litigio requerido por compañías como Lukoil, Colonial, Glencore, Vitol y Trafigura entre otras.
LA TABLA