La ONU y sus Misiones: Mentiras y crímenes bajo el manto del silencio impune
Publicado: 14/10/2022 09:00 PM
Una vez más, las instituciones que responden a los intereses de Estados Unidos, realizan acciones contra Venezuela. Ésta vez fue el turno a la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas (FFM), la cual presentó un informe sobre unos "hallazgos", en la que "documenta" una serie de supuestos crímenes de lesa humanidad, incluyendo acusaciones sobre "tortura y violencia sexual" que afirman fueron cometidos por agentes de inteligencia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
El plus de estás graves acusaciones es alcanzado con la acusación contra el propio presidente Nicolás Maduro, entre otras autoridades de alto nivel a los que aseguran son "los principales artífices en el diseño, implementación y mantenimiento de una maquinaria con el propósito de reprimir la disidencia”.
La FFM también señalan la existencia de supuestas "pruebas" de violaciones de los derechos humanos y delitos en el Arco Minero, que de acuerdo a su
discurso, es una zona donde existe una "actividad criminal generalizada" y una "ruptura del Estado de Derecho".
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) se une a
la FFM en sus declaraciones e indica: "Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado
venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la
disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y
violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia
sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser
investigados y procesados de acuerdo con la ley", informa Marta Valiñas, presidenta de la Misión
de investigación de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU).
Sus funcionarios añaden que "los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado, orquestadas por personas en los niveles más altos de autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad".
"La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación", declaró Francisco Cox, miembro de la misión de la FFM.
Sobre este discurso de terror de supuestas acciones de los organismos de seguridad venezolanos, no han presentado una sola prueba real de semejantes acusaciones, evidenciando que esta retórica obedece a la estructura del discurso de "gobierno paria" que pretenden construir con el fin de justificar actos injerencistas contra el país.
Esta campaña ha sido utilizada y desvelada en otras
oportunidades donde, desde Washington se tejen redes de mentiras contra países que
consideran una amenaza para su imperio, tal y como sucedió en Irak, país al que invadieron con la
excusa de poseer armas de destrucción masiva, o en Libia, donde armaron un discurso donde se promovía la imagen de un gobierno libio que disparaba a los civiles a mansalva, todo para justificar el bombardeo a la
ciudad de Trípoli en 2011.
Si se hace una revisión del funcionamiento y accionar de organismos como la ONU, existe una evidente fragilidad en cuanto a la credibilidad, esto debido al gran número de denuncias sustentadas por declaraciones, detalles,
nombres, fechas y edades de miles de ciudadanos en el mundo, que han expuesto los "errores" de los representantes de ésta institución.
Así ocurrió en 2006, cuando Andrew MacLeod, un ex comisario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) desmanteló una red de pedofilia en la ONU y denunció 60 mil violaciones durante al menos 10 años. MacLeod quien es un empresario, autor, abogado y ex trabajador humanitario australiano/británico, en una entrevista respecto al caso, comentó que “hay decenas de millares de agentes humanitarios en todo el mundo con tendencias pedófilas".
"Es endémico en
el sector de ayuda humanitaria en todo el mundo. El sistema está corrompido”, denunció en entrevista concedida al portal español Aleteia.
MacLeod quien también fue jefe de alerta temprana y preparación para emergencias del ACNUR, en 2005 trabajó como Jefe de Operaciones del Centro de Coordinación de
Emergencias de las Naciones Unidas, que proporcionó información y coordinación
a las ONG y agencias de las Naciones Unidas que prestaban ayuda y que después
del terremoto de Pakistán de 2003 a
2005, se volvió crítico ante la falta de efectividad y eficiencia de las
Naciones Unidas. Planteó una serie de críticas al sistema humanitario en su
libro A Life Half Lived. Aquí incluyó el fracaso de la ONU para tomar medidas enérgicas contra
la pedofilia y la hebofilia (el adulto se interesa por adolescentes, aquellos
que ya han tenido el despertar sexual pero aún no son adultos, un hebófilo no
se interesa por niños pequeños) de su personal. MacLeod es cofundador de HearTheirCries.org, una asociación
suiza que lucha contra el abuso sexual en la industria de la ayuda.
Por alguna razón, está denuncia fue poco reseñada por los grandes medios del mundo, sin que haya respuestas
claras sobre qué medidas se han tomado al respecto desde la ONU, y sobre todo, cómo es actualmente
el estatus de la situación denunciada.
En 2018, el diario
británico The Sun divulgó el documento publicado por MacLeod denunciando una estremecedora red de pedofilia en el seno
de esa organización, con cerca de 3.300 funcionarios implicados en 60 mil
violaciones perpetradas durante 10 años, lo que supondría uno de los mayores y
más impactantes escándalos de pedofilia de la historia de la humanidad.
La información fue entregada
al Departamento Británico de Desarrollo
Internacional (DFID) por MacLeod, que antes había sido jefe de ayuda humanitaria de la ONU en lugares como los Balcanes, Ruanda y Pakistán, país
donde mandaba operaciones del Centro de Coordinación de Emergencias de la
organización mundial.
Sus denuncias implicaban principalmente a los agentes humanitarios de la ONU, que habrían cometido abusos sexuales en decenas de países de todo el planeta, sobre todo en comunidades desprotegidas. Dicho documento además afirma que miles de pedófilos se dedican a las tareas de acción humanitaria para conseguir acceso fácil a mujeres y niños vulnerables.
"Hay decenas de miles de agentes humanitarios en todo el mundo con tendencias pedófilas. Pero si usas una camiseta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), nadie te preguntará qué estás haciendo, tienes impunidad y puedes hacer lo que quieras. Es una aberración en el sector de la ayuda humanitaria en todo el mundo”, denuncia
Las 60.000 violaciones
calculadas por MacLeod se basan en
la admisión hecha en 2017 por el secretario general de la ONU, António Guterres, quien explicó que las fuerzas de paz y funcionarios civiles abusaron de al menos 311
víctimas sólo en los 12 meses de 201, mientras que la propia ONU admite que el número real de casos sería el doble de lo
relatado.
Sobre esto, MacLeod estima que como máximo, el 10%
de las violaciones y agresiones perpetradas por funcionarios de la ONU son denunciadas, considerando que
incluso en el Reino Unido, ese
porcentaje es sólo del 14%.
Dado que Gran Bretaña dona cerca de 2.000 millones
de libras esterlinas al año al presupuesto de la ONU, MacLeod insistió en
que se hiciese una investigación minuciosa por parte de las autoridades
británicas:
“Los crímenes de abuso de
niños están siendo inadvertidamente financiados en parte por el contribuyente
del Reino Unido. Sé que hay muchas
discusiones en los niveles más altos de las Naciones Unidas de que ‘algo hay
que hacer’, pero nada eficaz sucede. Si miras el histórico de denunciantes,
fueron despedidos. Estamos analizando un problema a escala de la Iglesia
Católica o mayor aún”, apunta.
Sin embargo, la presencia y las generalizaciones mediáticas en torno a los casos de abusos sexuales perpetrados por clérigos católicos fue incomparablemente mayor de lo que está siendo el caso de la ONU. ¿Por qué?
El
papel de las ONG
Se conoce que la “punta del
iceberg” salió a la superficie con el escándalo del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam), una
confederación de 19 organizaciones y más de 3.000 asociados que actúa en cerca
de 90 países. Ya en 2012, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos recibió un informe interno
de Oxfam detallando abusos cometidos
por funcionarios de esta entidad en Haití.
Antes incluso, en 2008, denuncias semejantes habían llegado al conocimiento de
la Agencia Sueca de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
La ex-secretaria del Departamento Británico de Desarrollo Internacional (DFID), Priti Patel, renunció al cargo en 2017 acusando a altos funcionarios del propio DFID de encubrir crímenes sexuales, y consideró que los abusos prosperan principalmente en dos contextos: cuando las víctimas tienen miedo de hablar y cuando los que están en el poder no escuchan.
Al respecto, MacLeod agregó a sus propias denuncias la consideración
personal que se cometen crímenes sexuales “sistemáticamente” por parte de
agentes y funcionarios al servicio de la ONU
y que tales crímenes son encubiertos “desde hace muchos años”.
Entre las organizaciones
mencionadas en el informe se incluyen la Cruz
Roja, Médicos Sin Fronteras
(MSF), el Comité Internacional de
Rescate, CARE International y la
propia Save the Children, testigos explican
que "nadie obtenía comida sin tener relaciones sexuales primero",
revelando que en los campamentos de refugiados de Guinea y Liberia el
abuso sexual era tan frecuente que la única manera para que muchas familias de
refugiados sobrevivieran era permitir que una adolescente fuera explotada
sexualmente por los miembros de las ONG.
Según la propia ONU, solo en 2015 hubo alrededor de 70
imputaciones contra personal en misiones de paz. Es el “cáncer en nuestro
sistema”, fueron las palabras del entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien reconocía los abusos sexuales cometidos por los cascos azules de
Naciones Unidas en las supuestas misiones de paz a lo largo y ancho del
planeta.
Este "cáncer" parece gozar de impunidad ya que las investigaciones que se inician ante crímenes se convierten en larguísimos procesos burocráticos que acaban por no
prosperar.
“Lleva mucho tiempo, y a
veces pagan a testigos para que digan lo contrario una vez llega el
investigador al terreno”, se lamenta Paula
Donovan, cofundadora de Aids Free
World, (una ONG que lucha por un mundo más justo y equitativo) y directora
de la campaña Code Blue, lanzada el
año pasado para que los implicados en abusos sexuales rindan cuentas ante la
justicia. Es decir, se creó otra ONG para
defender a las víctimas de las ONG.
Hay que resaltar que solo
se denuncia una pequeña parte de las agresiones sexuales cometidas y la mayoría
quedan finalmente sin castigo. “Tienen miedo porque no hay mucha distancia
entre quienes reciben las denuncias y los agresores”, indica Hillary Margolis, especialista en
derechos de las mujeres de Human Rights
Watch que viajó a la República del
Congo para elaborar un informe sobre los abusos.
Además, el estigma, el rechazo y la vergüenza que rodean los crímenes sexuales en algunas culturas africanas provocan que a veces las mujeres agredidas sean abandonadas por su pareja o familia. “Tanto las madres como sus hijos corren el riesgo de no ser aceptados por la comunidad”, asegura Margolis.
Denuncias reales
Una de las denuncias más atroces descritas en ese informe, que cita La Vanguardia en su publicación, es la cometida por unos soldados franceses que habrían atado y desvestido a cuatro menores para forzarlas a tener relaciones con un perro, acción atroz por la que las niñas habrían recibido unos nueve dólares cada una.
También mencionan el de una
joven que tenía sólo dieciocho años y estaba sola y sin familia en la devastada
República Centroafricana, quien con el
objetivo de conseguir comida o dinero, se dirigió a la base de la misión de la ONU cercana al aeropuerto de Bambari, en el centro del país, dónde acabó
siendo violada por tres cascos azules, siendo posteriormente repudiada por su comunidad y acusada de
haber intentado casarse con uno de los miembros de las Fuerzas de Paz.
“No quería tener relaciones
sexuales con ellos, pero cuando fui a visitar su base me llevaron hacia la
maleza. Había tres de ellos, estaban armados. Dijeron que si me resistía me
matarían. Me tomaron uno a uno”, describió la joven a Human Rights Watch.
Los abusos sexuales fueron
cometidos en lugares como los Balcanes, Ruanda y Pakistán, país donde mandaba
operaciones del Centro de Coordinación de Emergencias de la organización
mundial.
El primer escándalo masivo estalló en Haití, donde algunos de los responsables de la organización celebraban verdaderas orgías sexuales "dignas de Calígula" con menores, tal y como tuvo que reconocer la propia Oxfam. Además, al calor de este escándalo se descubrió que había decenas de casos más en todo el mundo.
En la investigación
llamada: Cascos azules en Haití: “Te
daban unas monedas y te metían un hijo” publicado en la revista International
Peacekeeping, y una versión
menos académica apareció en The Conversation se acusa a la
misión de paz de la ONU, formada
mayoritariamente por soldados suramericanos de haber abusado sexualmente de
mujeres y niñas entre 2004 y 2017.
El estudio original afianzado en testimonios e investigaciones en terreno, señala que durante las
misiones de paz fueron concebidos 265 niños entre soldados y mujeres haitianas,
y que muchos de esos embarazos fueron consecuencia de violaciones, dónde se registran casos en que hasta niñas de apenas 11 años habrían sido abusadas por los
militares enviados por la ONU, en
algunos casos a cambio de monedas o de un plato de comida.
Las denuncias involucran
directamente a soldados de distintos países, pero los más mencionados por las
víctimas son efectivos de Uruguay, Brasil, Chile y Argentina. Estos, junto a uniformados de Asia, África, Canadá y Francia, participaron en la fuerza MINUSTAH entre 2004 y 2017 que tenía como objetivo "estabilizar el
país, desarmar a los grupos armados e intentar poner de pie la economía" del que
se conoce como el Estado más pobre de América.
"Niñas de 11 años
fueron abusadas sexualmente y embarazadas por los cascos azules y dejadas en la
miseria, donde tuvieron que criar solas a sus hijos”, dice el informe, en el
que se entrevistó a hombres y mujeres que vivían en torno a las bases
militares. "Vi a varias niñas de 12 y 13 años allí, los soldados de MINUSTAH las embarazaban y las
abandonaban. Estas chicas han tenido desde entonces vidas miserables”, dice una
mujer entrevistada en el periódico Cité Soleil. El hecho de que las
niñas sean menores de edad deja en evidencia que no se trató de sexo
consentido.
Esto ha tenido un impacto
negativo en la sociedad, porque esas chicas pudieron ser abogadas, doctoras o
cualquier cosa que pudiera ayudar a Haití.
Ahora, en cambio, vagan por las calles o por los mercadillos cargando frutas
para mantener a los hijos que tuvieron con los soldados de MINUSTAH”, dice otro entrevistado por Lee y Bartels.
De acuerdo a estás informaciones la ONG Oxfam encubrió casos de explotación sexual de un grupo de altos
cargos que distribuían ayuda humanitaria en Haití tras el terremoto de 2010, tal y como lo reseñó el periódico británico The
Times. Entre las declaraciones se encuentra la de Roland van Hauwermeiren, responsable y director de Oxfam en Haití durante la crisis, quien admitió haber contratado a
prostitutas a las que llevó a la casa que la organización había alquilado para
él.
El pagar por relaciones sexuales está prohibido por el código de conducta del empleado de Oxfam y contradice los principios sobre comportamiento de trabajadores humanitarios establecidos por la ONU.
Impunidad
Diplomática
En varias oportunidades se
ha denunciado que la política de actuación de la ONU es “ineficaz” puesto que, de acuerdo con el sistema actual, la organización internacional no puede
procesar a sus trabajadores por los atropellos cometidos durante el
cumplimiento de sus labores en el extranjero.
“El entrenamiento debe ir
más allá, no puede ser que vengan a un sitio, violen a una mujer y se vayan”,
ha denunciado Lee, para quien la ONU
debería plantear medidas disciplinarias más duras contra aquellos trabajadores
que lleven a cabo este tipo de abusos y conductas sexuales.