¿ONG para financiar el terrorismo? ¡No señor!
Publicado: 26/01/2024 03:00 PM
Existe una red organizada entre las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y el imperio norteamericano. Detrás de la fachada de ayuda humanitaria, las ONG trabajan para desestabilizar a los Pueblos, se han convertido en una herramienta para la invasión con la excusa de contribuir a apaciguar los problemas asistenciales y apoyar el desarrollo social; es por medio de estas organizaciones que logran influir en las comunidades y de esta forma desequilibrar la región.
De acuerdo a la naturaleza de su creación, las ONG son organizaciones independientes y sin ánimo de lucro, que surgen a raíz de iniciativas civiles y populares y que por lo general están vinculadas a proyectos sociales, culturales, de desarrollo u otros que generen cambios estructurales en determinados espacios, comunidades, regiones o países. Al realizar una investigación más detallada sobre los hilos y conexiones de las ONG y los gobiernos externos, tal como lo explica el Manual de Financiamiento de la Actividad Política de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), descubrimos que éstas operan desde los lugares, hacen trabajos de colaboración comunitaria vinculados con partidos políticos de derecha, amparados en la supuesta solidaridad y la buena voluntad; así reclutan a mucha gente y atienden varios sectores.
La revista Escenarios, de la Universidad Nacional de la Plata (Argentina) publicó el artículo Nuevas formas de participación en la actualidad: Las ONG como estrategia de los investigadores Agustín Zuccaro y Mariana Santín, en el que explican que se presentan como una nueva forma de participación que encuentra su legitimación social en el terreno mediático: “Son los medios de comunicación los que dan visibilidad a estos nuevos actores y quienes promueven el valor desmedido para la gestión del conflicto social característico de cualquier sociedad. Son los grandes medios de información que exponen como válidas estas formas de participación, teniendo en cuenta que son aquellas en donde lo político pierde su significado (pobreza, salud, educación y alimentación)”.
Añaden los investigadores, que son espacios donde se evita discutir lo histórico de esos problemas para plantear que cada sujeto es artífice de su destino y en este sentido se pierde lo social y lo colectivo como valor, dando fuerza al proyecto político del capitalismo.
Según lo que detalla el Manual de Financiamiento de la Actividad Política de la Oficina de Democracia y Gobernabilidad de la USAID, las ONG son "mecanismos de participación social que enfocan su abordaje territorial como brazo ejecutor de los intereses de Norteamérica y su función es incorporarse en las comunidades desde la organización de los sectores populares para construir ideológicamente a partir de ideas de empoderamiento y proyectos locales".
Si estas organizaciones se dedican, como lo reflejan en sus sitios web, a tareas de asistencia para el desarrollo, cubrir necesidades de educación y de disminución de la pobreza; al ser financiadas por entes de otros países como EEUU, queda la duda del tipo de autonomía que tienen, o si responden a intereses vinculados a quienes lo financian.
Sin embargo, este tipo de organizaciones tienen claro las restricciones que presentan y que pareciera que no dan cumplimiento, ya que de acuerdo a la investigación llamada Qué es y qué no es una ONG publicada por Correo del Orinoco, algunas limitaciones que presentan son las siguientes:
- Proyectos de promoción de técnicas (como
energías verdes o agricultura climáticamente inteligente). Se realizan con un
enfoque de mercadeo, sin considerar realmente si corresponden con la necesidad
de los grupos o con sus nociones de soberanía.
- Proyectos asistencialistas. Típicos de algunos organismos de cooperación privada que hacen donativos y fomentan una mentalidad de subsidiados entre los destinatarios y que, por otro lado, suelen competir deslealmente con la producción local.
- Proyectos de “desarrollo corporativo”. Retoman la lógica productivista de los grandes aparatos de cooperación mediante la instalación de empresas que no toman en cuenta, por ejemplo, la lógica de los sistemas productivos del campesinado local. Poseen gran influencia en las distintas instancias de gobierno y han escalado, junto con las élites transnacionales, a las asociaciones de múltiples partes interesadas que son espacios de mediación y participación donde ejercen la representación de los distintos sectores de la sociedad.
Estructuras para la fiscalización de los recursos administrados por las ONG
De acuerdo a denuncias revisadas, existen casos donde se evidencia la injerencia de las ONG en las estructuras políticas del país en donde se encuentren y que además sirven para el lavado de dinero y financiar grupos terroristas. Es por esto, que se han creado instituciones nacionales, regionales e internacionales que permiten fiscalizar el uso de los recursos aportados para su funcionamiento.
Así tenemos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Grupo Egmont, que es una entidad internacional que tiene 150 países adscritos y se encarga de recibir los informes de sus miembros sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales que proporcionan las instituciones financieras y otras entidades, analizarlos y transmitir tanto a las autoridades competentes, como al servicio de justicia, a UIF de otros países la información sobre esas operaciones, con el fin de combatir y prevenir alguna actividad ilícita.
Venezuela pertenece al Grupo Egmont, a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), que procesa y analiza los Reportes de Actividades Sospechosas (RAS) remitidos por los distintos sujetos obligados designados por la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, con el fin de revelar al MP y autoridades de orden público, información que pueda evidenciar posibles hechos punibles y la identificación de sus autores, así como la información que requieran para realizar sus investigaciones.
Nuestro país además es miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que es una organización regional de Estados y Territorios de la Cuenca del Caribe que han acordado poner en práctica medidas comunes contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo. Desde septiembre de 2001, el GAFIC ha profundizado su enfoque en la regulación de servicios financieros y organizaciones benéficas. Para ello, creó la Recomendación 8 en la que advertía a los países sobre la “vulnerabilidad particular” de las ONG para ser usadas indebidamente para recaudar, mover fondos o proporcionar apoyo a organizaciones terroristas. Asimismo, el GAFIC impulsa a los países a implementar mecanismos de supervisión y regulación con el claro objetivo de enfrentar actividades ilícitas.
Además, la regulación de las ONG no sólo se aplica en Latinoamérica; al revisar la investigación realizada por Misión Verdad y publicada en el Correo del Orinoco llamada Qué es y qué no es una ONG, vemos cómo la legislación de Europa y Estados Unidos está “repleta de normas que dicen garantizar la libertad de asociación, pero las ONG no funcionan a discreción propia. El Comité de Ministros del Consejo de Europa emitió en 2007 la Recomendación 14 a los Estados miembros sobre la condición jurídica de las ONG en Europa y estableció como causa de terminación de su personalidad jurídica el que haya cometido falta grave en el sentido de participar voluntariamente en actividades que sean incompatibles con los objetivos por los cuales se fundó la ONG”.
Asimismo, explica Misión Verdad que "las normas internacionales relacionadas con requisitos de información y divulgación para ONG, emitidas por el Consejo de Europa en 2018, estipulan los deberes de los funcionarios públicos de revelar a alguna autoridad supervisora su pertenencia a ciertos tipos de ellas; también les obliga a presentar informes anuales de actividad, además de los estados financieros. Vía Ley Patriota, un funcionario del gobierno estadounidense puede establecer multas y penas de prisión de hasta 15 años a quien dé apoyo material o recursos que se utilicen en actos calificados como terroristas".
Añade que "la regulación jurídica de las actividades de las ONG en el Norte Global busca crear registros que obliguen a la declaración de su existencia, sus actividades y sus fuentes de financiamiento, así como las relaciones que puedan mantener con otros sujetos, nacionales o internacionales". Además, para Europa la financiación de estas organizaciones está limitada por leyes “relativas a la financiación de elecciones y partidos políticos”, como lo analiza un estudio sobre el estatus legal de las ONG".
Con el fin de garantizar el buen uso de sus recursos y que realicen actividades asociadas a la asistencia y desarrollo social, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) presentó para primera discusión en la Asamblea Nacional (AN) el pasado 24 de enero de 2023, el proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, que va a reforzar el sistema legal venezolano en esa materia.
Pareciera entonces que, solo en nuestro país, regular el campo de acción y
la transparencia de su financiamiento “es un acto de represión, un posible punto
de no retorno en el cierre del espacio cívico, de ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no
retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”, según alertó Marta Valiñas, presidenta de la Misión
de investigación de la ONU.
Tal y como lo dijo el diputado Diosdado Cabello, durante la
presentación del informe del proyecto en la Plenaria, “esta ley
busca revisar y hacerle seguimiento a las ONG
que reciben financiamiento y no son supervisadas” y de acuerdo a esto, lo que
se busca es garantizar el patrocinio lícito de las mismas, además de acompañar
su gestión dentro de nuestra nación.
Cabe entonces preguntarse: ¿Existe un sesgo político al negarse a su aprobación? ¿O se puede regular en otras partes del mundo y en Venezuela, no? ¿Por qué?