Opinión: Asedio gringo debe ser denunciado ante Corte Internacional de Justicia
América Latina en Movimiento
Publicado: 08/10/2018 03:28 PM
Ante el asedio económico, comercial y financiero que Estados Unidos está imponiendo a Venezuela con la ayuda de sus socios comerciales para que no realicen ningún intercambio con el país bolivariano, el gobierno de Nicolás Maduro debería acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para solicitar medidas judiciales que detengan esas acciones perjudiciales contra nuestro pueblo.
Sobrarían alegatos para que el máximo tribunal internacional con competencia en la materia por ser órgano auxiliar de la Organización de las Naciones Unidas ONU, conozca del caso de asedio humanitario por parte de Estados Unidos y un puñado de países neoliberales cómplices del imperialismo, que asechan al pueblo venezolano.
En
este sentido, la demanda ante este máximo tribunal contra el gobierno
estadounidense, se haría por violación de los principios del libre comercio
establecidos por la Organización Mundial del Comercio OMC, así como de la
cláusula de la nación más favorecida establecida en el Art. XIX del GATT
(Acuerdo sobre aranceles aduaneros), que los obliga a mantener las relaciones
comerciales bajo el principio de igualdad con las demás naciones y
fundamentalmente por su violación flagrante de los diferentes Tratados de Reciprocidad Comercial suscritos con
Venezuela durante los años 1939 y 1952 hasta nuestros días.
Ademas
de las opiniones presentadas mediante informe por el representante del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, que en Venezuela no existe una crisis
humanitaria sino una crisis de alimentos y medicamentos, la cual tiene como
causas las sanciones unilaterales impuestas por el imperialismo estadounidense
que impiden a la población venezolana obtener estos insumos, situación que
agrava las enfermedades y provocaría una terrible desnutrición en los niños y ancianos
de nuestro país como ya se pudiera empezar a ver.
El
Sistema de Naciones Unidas con sus órganos auxiliares y representantes
acreditados en la República Bolivariana de Venezuela, son testigos presenciales
de los esfuerzos que el gobierno bolivariano viene realizando para obtener los
insumos necesarios en cuanto a los alimentos, medicamentos y demás bienes que
debe importar desde otros países, cuyas diligencias se han hecho imposible por
las diferentes sanciones unilaterales impuestas por parte del coloso del norte
y por supuesto la complicidad de gobiernos cipayos como el de Iván Duque de
Colombia que se ha convertido en un fustigador de la patria venezolana con sus
acciones delictivas y complicidad con el gobierno estadounidense.
Es
pues una oportunidad para denunciar, la violación a los acuerdos comerciales
suscritos junto a las diversas agresiones y daños a la población venezolana
frecuentemente, presentando una demanda formal ante la CIJ, la cual se apoyará
en la reciente sentencia impuesta por esta misma Corte, donde se obliga al
gobierno estadounidense al cumplimiento de los acuerdos de reciprocidad
comercial con el gobierno de la República Islámica de Irán.
De
esta manera podría obligarsele mediante decisión judicial de la CIJ, que se
deroguen las acciones unilaterales contra Venezuela y que los demás gobiernos
no se sientan impedidos de vender mercancías libremente hacia nuestro
territorio, muchos menos que nuestras finanzas o divisas depositadas en bancos
internacionales para la compra de insumos continúen bloqueadas, pues las mismas
serian liberadas a los fines de abastecer las necesidades que hoy tiene el
pueblo en general.
Estamos
claros que EEUU, es un país que poco obedece a un organismo internacional que
produzca una decisión en contra de su administración, pero sin embargo, es
necesario a los ojos de la comunidad internacional, de los pueblos del mundo en
especial de los latinoamericanos que se demuestre quien es el agresor y quien
está provocando la crisis humanitaria, solo con el propósito de justificar una
intervención hacia tierras venezolanas para tomar el control de los recursos
energéticos que se encuentran en suelo patrio, sin importarle las consecuencias
humanitarias que pueda sufrir el pueblo bolivariano.
De
nada valdría el acuerdo suscrito recientemente con el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia UNICEF, ya que se podrá tener el dinero, pero si
impiden comprar los bienes y servicios para nuestros niños y niñas venezolanos,
habremos arado en el mar.