Poderes Públicos unifican criterios en Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal

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La actividad realizada en los espacios de la Asamblea Nacional (AN), estuvo encabezada por el defensor Público General, Daniel Ramírez
Prensa AN

Publicado: 18/11/2026 06:41 PM

Durante una nueva jornada de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, altas autoridades del Estado venezolano evaluaron el balance de las personas privadas de libertad al destacar que un universo de 8.918 casos se encuentran en revisión, de los cuales 3.037 ya cuentan con el 75 % de la pena física cumplida y 1.096 esperan el cómputo de sus redenciones.

La actividad, realizada en los espacios de la Asamblea Nacional (AN), estuvo encabezada por el defensor Público General, Daniel Ramírez, quien expuso las cifras y subrayó la urgencia de ejecutar una transformación profunda en el sistema penal que garantice el respeto a los derechos y garantías constitucionales, reseñó el portal de Venezolana de Televisión.

El encuentro contó con la participación de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, así como de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Caryslia Rodríguez; el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante; el fiscal general de la República y secretario ejecutivo de la consulta, Larry Devoe; el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa; magistrados del máximo tribunal e integrantes del Programa de Convivencia y Paz Democrática.

Durante la jornada se resaltó que este proceso de diálogo nacional ya suma 73 encuentros y 450 mesas de trabajo en todo el territorio, con propuestas de diversos sectores para construir un sistema judicial regido por los principios de transparencia, imparcialidad y celeridad.

Por su parte, tanto la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, como el diputado Pedro Infante, destacaron la movilización parlamentaria que desde el pasado 12 de noviembre mantiene un monitoreo constante en los centros preventivos de reclusión del país para velar por el debido proceso.

Asimismo, reconocieron el impulso de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, para concretar esta reforma orientada a saldar una deuda histórica en materia judicial y agilizar los procesos de liberación correspondientes.

Por su parte, el fiscal general de la República, Larry Devoe, destacó que una de las razones que justifica la figura del Estado es administrar la justicia, resolver los conflictos que surgen en un territorio determinado y garantizar la aplicación de las leyes.

Explicó la propuesta de realizar un gran reseteo del sistema de penas a partir del límite máximo de 30 años que establece la Constitución, para abordar desde allí hacia abajo o desde cero hasta 30 y determinar cuál es la pena aplicable a cada hecho, de acuerdo con la magnitud del daño causado y la importancia del bien jurídico que tiene para la sociedad como criterios claves para este proceso.

De igual forma, enfatizó la necesidad de avanzar en una revisión profunda de las prácticas institucionales y evaluar cómo se ejecuta el mandato de la ley.

En este sentido, puntualizó que en este punto, a veces cuando hace el planteamiento, surge la respuesta de que eso siempre se ha hecho así y llevan 30 años con esa misma práctica.

Al respecto, afirmó que "yo siempre digo, bueno, si tenemos todo ese tiempo haciéndolo de esa manera y tenemos los resultados que tenemos, significa que tenemos que cambiar cómo lo estamos haciendo; esto hay que revisar profundamente, autocríticamente, las prácticas institucionales, cómo estamos operando a la luz de lo que prevé la Constitución y a la luz de lo que prevén las leyes".

REDACCIÓN MAZO

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