¿Quién vigila a los vigilantes? Una historia en la época de la mentira

Publicado: 24/04/2019 10:43 AM

Quis custodiet ipsos custodes? es una frase latina que se puede traducir por ¿quién vigilará a los vigilantes? Inicialmente pensada para un asunto tan prosaico en la época como la custodia de la mujeres para evitar su infidelidad, ha sido utilizada posteriormente para reflexiones más afortunadas, relacionadas con la separación de poderes en el Estado y sus excesos a la hora de atribuirse capacidades que para evitar algún mal acaban deviniendo en tiranía. En nuestra cultura pop, Watchmen, el cómic de Alan Moore, volvía a dar una vuelta a las preocupaciones platónicas por cómo controlar a los encargados de administrar el orden, en este caso superhéroes, que por su naturaleza extraordinaria debían regirse por la virtud, no la ambición personal, aunque esa excelencia fuera difícil de precisar llevándonos a consecuencias indeseables.

Algo parecido sentí al ver a una agencia privada de verificación informativa colaborar con la televisión pública en el control informativo de los hechos expuestos por los candidatos en el primer debate electoral en España. La tendencia –lo de moda podría sonar irrespetuoso– es que los medios se doten de sistemas independientes para comprobar si las declaraciones hechas por los políticos o los datos que esgrimen son ciertos o meras invenciones interesadas. En este caso se dirimía si una frase pronunciada por Pablo Iglesias en el debate era cierta o falsa, una que venía a decir que en España no se contaba con un sistema progresivo de impuestos. La verificadora dictó sentencia: era una afirmación falsa.

Lo sorprendente es que para afirmar la supuesta falsedad realizó una consulta de autoridad a Fedea, una fundación de marcado corte neoliberal que, permítanme la exageración, definiría a un semáforo como un intolerable control estatal liberticida. Parece normal que estos señores consideren al sistema fiscal español progresivo, que de hecho lo es en su aspiración legal, pero que a la hora de aplicarse otorga múltiples ventajas a los más acaudalados frente a los que menos tienen.

Ahora, lo realmente sorprendente fue que una agencia de verificación, que en teoría realiza periodismo de datos, se prestara a contrastar una afirmación, en todo caso, fuertemente discutible como la que realizó Iglesias. No se trataba por tanto desde el primer segundo de un ejercicio de neutralidad basado en datos contrastables, como se pretendía, sino de una modalidad que tenía que ver más con la opinión que con otra cosa. Justo como esta columna.

A mí estas empresas privadas de control de datos informativos no me despiertan antipatía, bien por el contrario considero que hacen un buen trabajo desmintiendo bulos, mentiras y manipulaciones que se han hecho habituales en la política desde hace unos años, coincidiendo, en principio, con la aparición de las redes sociales y los sistemas de mensajería instantánea. Lo que sí creo conveniente es advertir al lector en pensar la frase que encabeza este texto, en tener en cuenta que como empresas por un lado necesitan del prestigio profesional para llevar adelante su negocio, pero además que como negocio tienen intereses, línea editorial y necesidades empresariales.

En este sentido otro par de noticias se han sucedido de una u otra forma relacionadas con el control de la información, de su distribución especialmente. La primera cómo Whatsapp ha cerrado la cuenta de Podemos aduciendo cuestiones técnicas que como excusa han resultado endebles. La segunda cómo Facebook ha eliminado varias páginas ultraderechistas con la colaboración de Avaaz, una ONG que promueve el activismo ciudadano. Mientras que parece celebrable que se cierren páginas que incitan al odio, cerrar un canal de comunicación de un partido en plena campaña electoral resulta cuanto menos alarmante. Lo que resulta significativo y en lo que nadie parece reparar es que las decisiones se han tomado por entidades privadas ausentes de cualquier control público de las autoridades españolas.

La sensación es que con la epidemia de bulos que ha inundado las redes comunicativas de medio mundo, determinadas empresas, multinacionales, con un enorme poder, se han arrogado el derecho a decidir quién puede o no publicar en sus plataformas, todo ello con una opacidad y una arbitrariedad que deberían empezar a preocuparnos. Sobre todo cuando los gigantes del acceso y distribución de información de internet, como señalaba la periodista Helena Villar, han declarado lealtad a las agencias de seguridad e inteligencia estadounidenses en sus comparecencias en el Congreso de EE.UU.

Cualquier medio de comunicación tiene una línea editorial, que suele coincidir con los intereses de sus propietarios, más en un momento en que la crisis económica golpeó con especial virulencia a los periodistas que intentaban mantener su independencia bailando entre una información coherente y la salud comercial de las empresas para las que trabajaban. Y ese, el que un medio sea más progresista o conservador, el que responda si es de financiación pública a la tendencia a presentar de forma más amable los intereses de tal Estado, no ha sido nunca el problema de fondo. El nuevo problema empieza cuando Google penaliza a RT en su algoritmo de búsquedabajo la socorrida calificación de noticias falsas. ¿En base a qué criterio no se penaliza a otros medios que reprodujeron acríticamente las mentiras comprobadas en torno a la Guerra de Irak, por ejemplo?

Sin embargo existen dos problemas más antiguos y mayores, base e inicio de la epidemia de noticias falsas, comprobadores de datos y censura digital.

El primero de ellos es cómo los medios tradicionales perdieron su credibilidad no por mantener tal línea editorial, sino por mantener unas relaciones opacas con el poder político y económico que tarde o temprano les llevaron a distanciarse demasiado de la realidad cotidiana de millones de personas que habían confiado en ellos. Mientras que en los momentos más duros de la crisis, de los años 2011 al 2014, las calles de muchas ciudades se llenaban de indignación, protestas y exigencias de responsabilidad ante tal desaguisado económico, muchos medios se dedicaron a tachar a esos manifestantes de radicales agresivos contrarios a la democracia, o peor aún, a programar ridículos programas de entretenimiento cuando las calles ardían. Kapuściński, y cito de memoria, contaba en Cristo con un fusil al hombro, cómo en los peores momentos de las dictaduras latinoamericanas, mientras que las torturas y asesinatos políticos eran moneda común, los medios se dedicaban a hablar del extraordinario tamaño de una calabaza hallada en Oklahoma o de la aventura con final feliz de un niño chino que quedó atrapado en una lavadora.

Justo cuando más necesitábamos al periodismo este dio la espalda a la gente, de ahí que muchas personas, especialmente las generaciones más jóvenes, crean de igual forma a un oscuro canal supremacista en Youtube que al artículo fundamentado en prensa tradicional de un experto sobre el holocausto. La autoridad intelectual es garantía de seguridad para la democracia.

Justo una democracia, y aquí viene el segundo problema más antiguo y mayor, que ha maniobrado para mantener a los ciudadanos con altos niveles de formación técnicos, pero muy bajos niveles de formación cívica. La razón es sencilla: cuando un sistema político democrático mantiene un matrimonio con un sistema económico que crea desigualdad, necesita a individuos bien formados en las tareas productivas, pero pésimamente conscientes de los aspectos éticos de sus sociedades. Lo triste, lo realmente dramático, es que la inmensa mayoría de los bulos que recorren las redes comunicativas serían fácilmente detectables por un adulto medio si tuviera una mínima habilidad para utilizar un buscador en internet, pero sobre todo un mínimo conocimiento en leyes, historia o economía, un mínimo conocimiento de los fundamentos de la sociedad moderna.

Se diría que la democracia liberal al renunciar a la ilustración, en beneficio de la estabilidad del capitalismo, sembró la semilla para su propio funeral. Las soluciones que se están dando sólo van a traspasar el problema de manos, privatizando el derecho a expresarse y a poder distribuir efectivamente lo expresado. Se diría que se pretende solucionar con datos y sentencias algo que requiere de conocimientos y contextos. Se diría que la verdad es tan sólo un momento de la mentira.

RT

DANIEL BERNABÉ

escritor y periodista