El cimarronaje político como forma de resistencia

Publicado: 29/05/2026 05:26 PM

El concepto de cimarronaje político en Venezuela está culturalmente arraigado a la resistencia afrodescendiente contra el colonialismo; el cimarrón era el esclavo fugitivo que escapaba al monte formando cumbes o palenques para construir espacios autónomos de libertad fuera del sistema colonial.

Redefiniendo ese cimarronaje, en 2026 y en el contexto geopolítico actual, este término se resignifica y funciona como un marco ideológico que rechaza la injerencia externa. Invoca la memoria de líderes históricos como José Leonardo Chirino o Andresote para articular la defensa de la autodeterminación popular.

Investigadores venezolanos que estudian los tipos de cimarronaje, como Gustavo Silva, en su libro Cimarronaje cultural de lo afirmativo venezolano en tiempo de guerra simbólica y Jesús “Chucho” García, en su libro Afroepistemología y Soberanía Intelectual, explicaron que específicamente el político, visto desde la organización del Poder Popular, se manifiesta como una estructura comunitaria autónoma que recurre a la autogestión para resolver sus problemas haciendo uso de las leyes que lo sustentan y que reafirma que los actos de violencia extranjera no representan la voluntad del Pueblo.

En este panorama, el cimarronaje político renace no como una simple efeméride cultural, sino como la filosofía de resistencia y desobediencia popular contra el tutelaje imperial, deja de ser memoria para convertirse en una herramienta de resistencia legítima de las bases. Representa la negativa de las comunidades organizadas a aceptar la voluntad de un extranjero como el destino inevitable de la nación, manteniendo viva la demanda histórica de una soberanía real y sin concesiones para defender su libertad.

El cimarronaje político actual no es solo una postura ideológica, se traduce en prácticas concretas de las comunidades organizadas en la que los sectores populares replican el modelo del cumbe, las bases gestionan sus propios espacios mediante la toma de decisiones, tal como lo expresa la Ley Orgánica del Poder Popular en su artículo 3: “El Poder Popular se fundamenta en el principio de soberanía y el sentido de progresividad de los derechos contemplados en la Constitución de la República, cuyo ejercicio y desarrollo está determinado por los niveles de conciencia política y organización del Pueblo”.

Es por esto que las bases cimarronas desconocen la legitimidad de las agendas impuestas por la intervención imperial. Para el venezolano, es importante rescatar la memoria de las insurrecciones afroindígenas como un escudo cultural. Recordar que la libertad venezolana se conquistó mediante la rebelión y no a través de decretos coloniales, y que es a través de la unidad y la organización que ésta se fortalece frente a las acciones ocupación simbólica.

Los principios universales y constitucionales que sustentan el cimarronaje político en Venezuela actúan como el blindaje legal y ético de las bases populares, ese ordenamiento jurídico transfiere la responsabilidad del resguardo de la nación directamente a los ciudadanos.

Esta resistencia no es un acto de desacato; es el cumplimiento del mandato supremo contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que otorga un carácter vinculante a la rebeldía popular a través de los siguientes artículos:

• Soberanía Popular Inalienable (Artículo 5): Establece que la soberanía reside intransferiblemente en el Pueblo, quien la ejerce directamente. Si los órganos del Poder Público se ven coaccionados, limitados o tutelados por potencias extranjeras, el Pueblo mantiene la potestad legítima de ejercer su autoridad suprema para defender el destino del país.
• Derechos Irrenunciables de la Nación (Artículo 1): Define que la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables. Cualquier acto que vulnere estos preceptos (como incursiones militares no autorizadas) carece de validéz legal, obligando al cimarronaje político a actuar en su defensa.
• Deber de Defender la Patria (Artículo 130): Dictamina que los ciudadanos tienen el deber de honrar y defender a la patria, resguardando la soberanía y la autodeterminación. La resistencia comunitaria ante la injerencia externa deja de ser opcional y se convierte en una obligación constitucional expresa.
• Prohibición de Instalaciones Extranjeras (Artículo 13): Declara el espacio geográfico venezolano como una zona de paz. Prohíbe de forma tajante el establecimiento de bases militares extranjeras o cualquier instalación con propósitos militares por parte de potencias extranjeras. Las maniobras de simulación del Comando Sur violan el espíritu de este artículo.
• Corresponsabilidad en la Seguridad (Artículo 322): La seguridad de la Nación es competencia del Estado, pero su defensa es responsabilidad de todos los venezolanos. Esto legitima que las comunas, colectivos y movimientos sociales organicen la resistencia territorial,  la soberanía alimentaria y productiva en sus localidades.
• Cláusula de Continuidad Constitucional (Artículo 333): Sostiene que la Constitución no perderá su vigencia si dejase de observarse por actos de fuerza. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. El cimarronaje político se activa bajo este artículo para rechazar la sumisión forzada a mandatos extranjeros.

A nivel global, visto desde los Principios Universales contemplados en el Derecho Internacional, la acción cimarrónica de base encuentra sustento en las normas de la comunidad internacional, como el principio de No Injerencia, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la intervención de cualquier Estado en los asuntos internos de otro, validando la resistencia popular frente a presiones diplomáticas o militares coercitivas.

Estos Principios también declaran la Autodeterminación de los Pueblos, como un derecho universal de los ciudadanos a asumir el sistema político, económico y social que consideren idóneo, libre de amenazas externas o ejercicios de demostración de fuerza, como sobrevuelos tácticos; y el derecho a la Rebelión contra la Opresión, que faculta a los pueblos a desconocer regímenes o situaciones de facto donde se intente consolidar un protectorado o una pérdida de la libertad civil e histórica.

l cimarronaje político no opera al margen de la Ley, encuentra en la CRBV y en los principios de justicia internacional, el derecho pleno para constituirse como la última línea de defensa de la República frente al tutelaje neocolonial. En palabras del investigador Gustavo Silva: "La conformación de la Patria no ha sido fruto de un protectorado ni garantizada por un Estado benefactor, sino todo lo contrario: su fragua es el resultado de un conjunto de gestas y cimarronajes por más de 500 años, de luchas anticoloniales y anti-neocoloniales por nuestra independencia y soberanía, un resuelto antagonismo hacia las viejas monarquías e imperios; hoy, grandes centros capitalistas mundiales, como resultado del vasallaje, el saqueo y la rapiña. La consolidación de nuestra Patria tiene un valor incuantificable, como lo determinan nuestros sentimientos de amor, conciencia y lealtad, de allí, nuestra pasión por ella".

Es por esto que este tipo de cimarronaje representa la reserva moral del país, y demuestra que, mientras las estructuras formales de poder político puedan verse coaccionadas por preservar la vida nacional, las bases organizadas permanecen ingobernables para cualquier imperio extranjero.

AMELYREN BASABE/REDACCIÓN MAZO