El Salvador: Socorro Jurídico Humanitario reporta más de 500 muertes bajo custodia estatal
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Foto: Internet
Publicado: 30/03/2026 11:56 AM
La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) confirmó el fallecimiento de al menos 504 personas en centros penitenciarios de El Salvador entre abril de 2022 y marzo de 2026, bajo el régimen de excepción del gobierno de Nayib Bukele.
El informe técnico advierte que, debido al hermetismo oficial, existe un grave subregistro y la cifra real de decesos podría escalar hasta los 2 mil casos. Según el documento, el 90% de las víctimas confirmadas no tenía vínculos con pandillas, lo que evidencia un margen de error crítico en la política de seguridad estatal.
Las investigaciones de SJH revelan un escenario de hacinamiento extremo y denegación de asistencia médica, complementado con testimonios de familiares que reportan haber recibido cuerpos con signos evidentes de violencia física y tortura.
Esta crisis ha atraído el escrutinio de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuyos expertos señalaron este mes la posible comisión de crímenes de lesa humanidad derivados de la suspensión prolongada de garantías constitucionales. A la fecha, el régimen de excepción suma un total de 91 mil 650 detenciones.
El balance detalla una preocupante erosión del debido proceso, señalando que el 98% de las quejas recibidas corresponden a arrestos arbitrarios. Asimismo, el informe identifica a la Policía Nacional Civil (PNC) como el principal actor de estas vulneraciones, estando involucrada en el 75% de los atropellos reportados durante los operativos.
Los datos sugieren una sistemática violación de derechos humanos donde la presunción de inocencia ha sido desplazada por detenciones masivas sin investigación previa.
Finalmente, la presión internacional sobre la administración de Bukele continúa en aumento ante la falta de transparencia en la gestión de los centros penales. La organización insta a la apertura de canales de auditoría independientes para verificar el estado de salud de los recluidos y detener la cifra de muertes bajo custodia, la cual sigue proyectándose al alza mientras las garantías judiciales permanezcan suspendidas.
REDACCIÓN MAZO