Publicado: 27/05/2026 09:00 PM

(El Diario de Caracas, 8 de febrero 1989)

• “El Hampoducto” fue una creación de Rómulo Betancourt para enviar a las remotas Colonias Móviles de El Dorado a miles de estudiantes liceístas, universitarios, dirigentes obrero-campesinos y líderes de izquierda, cuyas masivas detenciones mantenían abarrotados los calabozos de la Dirección General de Policía (DIGEPOL), el Servicio de Inteligencia de la Fuerzas Armadas (SIFA), las cárceles de las Jefaturas Civiles y la Prefectura de Caracas. Para tales fines Betancourt y sus ministros policías aplicaron la draconiana e inconstitucional Ley de Vagos y Maleantes.
• Treinta años después, a tan solo 19 días de “El Caracazo”, justo cuando las medidas de electroshock económico iban a entrar en vigor, el entonces gobernador de Caracas, Virgilio Ávila Vivas, siguiendo instrucciones del Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez (CAP), decidieron desempolvar este adefesio jurídico para restablecer “El Hampoducto”; canal directo entre las abarrotadas cárceles de Caracas y las Colonias Móviles de El Dorado.
• La respuesta no se hizo esperar, los abogados José Vicente Rangel y Pedro Nikken alertaron sobre la inaplicabilidad, por inconstitucional, de ese fósil legal, denunciando:

1. La ilegalidad de reactivar los trabajos forzados erradicados en Venezuela desde la muerte del General Juan Vicente Gómez.
2. El inconstitucional aumento de las redadas policiales y sus procedimientos violentos.
3. El confinamiento de jóvenes políticos en cárceles convertidas en verdaderas universidades del delito y escuelas del crimen organizado.
4. La galopante descomposición y corrupción de los cuerpos policiales y la degradación humana de sus agentes.
5. Todos estos factores, procedimientos represivos, redadas, hacinamiento carcelario y envío exprés a las colonias de Guayana, eran violatorios de los principios esenciales que rigen los Derechos Humanos.
6. El reinicio de esta práctica represiva del gobernador Ávila Vivas, coincidió con el anuncio del conjunto de medidas económicas diseñadas por los cerebros neoliberales del gobierno de CAP, cuyo desastroso impacto socioeconómico fue causante de más de 5.000 muertos por alzamiento popular contra las mismas.

Antecedentes:

• Las Colonias Agrícolas de El Dorado fueron inicialmente concebidas como un proyecto de reinserción social para integrar a la población carcelaria a actividades productivas del campo, para que dieran oportunidades de empleo toda vez cumplidas sus condenas. El proyecto de ley fue redactado en 1940 por Alirio Ugarte Pelayo cuando era Director General de Política del Ministerio de Relaciones Interiores, entre 1941 y 1945.
• Toda vez que fue derrocada la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez, durante los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, las colonias dejaron de ser centros de capacitación agrícola para convertirse en campos de torturas y desapariciones forzadas.
• Así, en enero de 1960, se habilitaron aviones militares para trasladar a miles de personas que salieron a las calles a manifestar contra las medidas represivas del gobierno; así nació El Hampoducto Caracas-El Dorado, como medida represiva para silenciar el descontento popular y enviar a personas inocentes, sin prontuario policial alguno, a un centro reservado solo para delincuentes comunes sentenciados o de altísima peligrosidad.
• Para justificar la violación al debido proceso, el derecho a la defensa y a ser juzgado por los jueces naturales de la república, se utilizó el procedimiento expedito de la Ley de Vagos y Maleantes. Ésta había sido aplicada por Francisco Franco contra los republicanos en España, como instrumento para poner detrás de las rejas a estudiantes, campesinos, obreros y dirigentes de izquierda, bajo el pretexto político de ser personas “indeseables, sin oficio, vendedores de estampitas sin licencia eclesiástica, antisociales, rufianes, traficantes, malvivientes, mendigos o proxenetas”.
• Betancourt enmarcó en de estos mismos parámetros, a todas luces ilegales, a sus antiguos compañeros de partido y de resistencia clandestina. Con esos mismos epítetos lapidarios de la Ley de Vagos y Maleantes fueron catalogados los miembros del Partido Comunista de Venezuela (PCV), del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), dirigentes estudiantiles y obrero-sindicales, y todo disidente de las políticas de Estado.
• Bajo la lápida de las selvas guayanesas en El Dorado fallecieron por abandono, malos tratos, paludismo, disentería amebiana y otras enfermedades, cientos de los confinados a ese campo de exterminio.
• Un episodio como este solo tiene antecedentes en el tenebroso campo de concentración de Guasina, deshabitada isla del Delta del Orinoco infestada de toda clase de enfermedades, que fue clausurada por Marcos Pérez Jiménez en 1952.

REDACCIÓN MAZO