Algunas consideraciones acerca del anuncio de "aumento de salario responsable" para el 1ro de mayo

Publicado: 10/04/2026 06:00 PM

En un mensaje especial dirigido a la nación, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, anunció una serie de decisiones orientadas al restablecimiento de la estabilidad económica, laboral y productiva del país.

En ese mensaje, enfatizó que una mejora salarial real no surgiría del decreto, sino del fortalecimiento del aparato productivo y la competitividad, porque “activar la producción económica tiende a mejorar los salarios reales a largo plazo, ya que el aumento de la productividad permite a las empresas generar mayor valor y pagar mejores remuneraciones. Este proceso incentiva la inversión y la tecnología, lo que se traduce en empleos de mayor calidad y mejor remunerados”.

La productividad determina el salario; producir más con menos recursos (mejor organización, tecnología) es la base para aumentos salariales sostenibles. Al producir bienes de mayor valor, las empresas pueden incrementar los ingresos de sus trabajadores; esto va de la mano con el plan de Inversión extranjera en capital: maquinaria, tecnología y capacitación eleva la productividad laboral, permitiendo mejores salarios.

La presidenta encargada explicó, además, que se pretende evitar el riesgo de posibles desequilibrios: “Si los aumentos salariales no están respaldados por una mayor productividad, pueden generar presiones inflacionarias o desempleo, especialmente en entornos de baja productividad”.

En ese sentido, el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (CONSECOMERCIO), José Gregorio Rodríguez, durante una entrevista en el programa Al Aire que transmitió Venezolana de Televisión (VTV), declaró que “estamos absolutamente de acuerdo que las remuneraciones salariales serán responsables y contarán con el financiamiento. Eso, desde CONSECOMERCIO lo vemos bien”, además hizo mención respecto a que ese gremio “apuesta por la eliminación de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EEUU y la Unión Europea (UE) contra el Banco Central de Venezuela (BCV)”.

En cuanto al ingreso no monetario (subsidios), explicó que el pago de los mismos recae expresamente en el Estado, por lo que se deben evaluar nuevas formas de financiamiento para los mismos y así disminuir la carga financiera actual.  

El economista mexicano y experto en política monetaria, Juan Ignacio Gil Antón coincide con la visión de lo expuesto por la presidenta, con que “los subsidios como ingreso no monetario generan dependencia económica, distorsionan los precios del mercado, desincentivan la productividad y pueden provocar déficit fiscal. A nivel individual, generan dependencia, mientras que a nivel estatal, su eliminación puede aumentar la inflación y fomentar la informalidad laboral al reducir la necesidad de empleo formal, también contribuyen al aumento del déficit fiscal, ya que pueden consumir una gran parte del presupuesto, generando desequilibrios económicos.

Al respecto, la presidenta hizo mención en los gastos generados por la guerra económica: subsidios a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), al Plan Social de Proteína y a los servicios como electricidad, agua y combustible.

Sobre la necesidad del aumento del Producto Interno Bruto (PIB), la presidenta (E) Delcy Rodríguez detalló que “es fundamental para superar años de contracción, diversificar la economía más allá del petróleo y mejorar la calidad de vida. Impulsa la generación de empleo, aumenta el consumo privado, atrae inversiones y fortalece la resiliencia frente a sanciones y volatilidad, la economía venezolana ha demostrado que posee la capacidad para adaptarse a condiciones adversas y sanciones financieras”.

Un aumento del PIB busca reducir la dependencia histórica de la renta petrolera, impulsando sectores no extractivos como la agricultura, manufactura, turismo y telecomunicaciones, lo que crea un sistema económico más robusto. Además, permite crear un escenario idóneo para la inversión, debido a que un crecimiento constante mejora la confianza de los inversores, esencial para la rehabilitación de la infraestructura crítica, incluyendo el sector eléctrico y la industria de hidrocarburos.

Con respecto a las pensiones, destacó la presidenta encargada Rodríguez que existe una crisis de sostenibilidad y un desequilibrio estructural; ya que “el número de personas que reciben pensión supera al de los trabajadores que aportan activamente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Esto crea una insostenibilidad del modelo. En este momento no es financieramente viable, ya que se requeriría una cantidad de trabajadores activos superior a la población actual para sostener el sistema”.

Destacó la presidenta encargada que “el 91% del total de las pensiones son cubiertas por el Estado, mientras que solo el 9% proviene de aportes privados. A esto, se le sumó la Misión Amor Mayor que aumentó significativamente la carga financiera y ese desequilibrio se ha acentuado debido a la emigración masiva de fuerza laboral”. De ahí la necesidad de crear un plan de incentivo a los jóvenes migrantes: “Debemos construir una nueva institucionalidad del Estado: un Estado digital, transparente, moderno, eficiente y profesional. Convoco a los jóvenes a incorporarse a este esfuerzo, e invito a los que migraron buscando mejores opciones de vida”.

La mandataria encargada agregó que “este cambio estructural requiere del talento y la visión global de aquellos jóvenes que buscaron otras opciones de vida fuera de Venezuela. El enfoque central de este llamado radica en la necesidad de incorporar la experiencia y las capacidades técnicas de la juventud que permanece lejos de nuestras fronteras”.

Al referirse al tema del aumento salarial, la Rodríguez destacó que “los aumentos salariales sin respaldo productivo y a menudo indexados, disparan la inflación al inyectar dinero inorgánico en la economía sin aumentar la oferta de bienes. Esta dinámica, destruye significativamente el poder de compra real, ya que el alza de precios supera rápidamente el ajuste nominal recibido por el trabajador".

Sobre el reconocimiento de los errores del pasado, la Jefa de Estado encargada mencionó el impacto de la indexación, ya que “si estos ajustes no están sustentados en un aumento real de la producción, van a generar un círculo vicioso de costos y precios, acelerando la inflación”.

El economista inglés asesor de Wall Street, Adam Hayes, coincide en esta visión y explicó que “este escenario es característico de economías en guerra, como lo fue en países como Alemania, Italia o Portugal después de la Segunda Guerra Mundial o en la crisis financiera europea del 2008,  en los que se generó una alta inflación o hiperinflación y el consumo superó la capacidad productiva nacional, agravando la crisis. La emisión de dinero para cubrir aumentos salariales sin base económica real provoca la depreciación de la moneda. Los trabajadores reciben más billetes, pero estos compran menos bienes y servicios, deteriorando su nivel de vida".

Es por esto que los incrementos salariales no respaldados por la productividad aumentan la cantidad de dinero sin aumentar la producción, lo que resulta en una inflación más alta y una pérdida neta del poder adquisitivo del trabajador.

La mandataria encargada mostró interés en explicar la necesidad de controlar la inflación para recuperar el poder de compra del ingreso del trabajador; destacó que hay que “controlar la inflación", porque "desde 2018 el salario ha perdido el 86.2% de la capacidad adquisitiva, es la prioridad económica, debido al impacto social que genera: La inflación actúa como un impuesto que confisca los ingresos y afecta en mayor proporción a los sectores de menores ingresos y a los pensionados”. El aumento de precios sin un incremento equivalente en los ingresos reduce drásticamente la capacidad de compra de la familia promedio, es la prioridad para recuperar el poder adquisitivo, ya que la subida de precios reduce el valor real del dinero y el ingreso familiar.

Para controlar la inflación, es necesario aumentar la productividad nacional, incentivar el crecimiento económico a través de las inversiones y crear empleos que permitan el equilibrio laboral. Durante su mensaje, la mandataria encargada enfatizó la necesidad de resarcir el daño causado por las sanciones y corregir los fallos internos para alcanzar la prosperidad colectiva y consolidar una distribución justa de la riqueza que permita recuperar el nivel de vida de la población y proteger a los sectores más vulnerables.

De acuerdo a lo expuesto, la Delcy Rodríguez presentó un plan claro y una hoja de ruta detallada: “la recuperación de los activos y recursos bloqueados en el extranjero, se destinará inmediatamente al impulso productivo de la industria de los hidrocarburos y la minería, lo que permite y garantiza dar incremento de salario a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras, así como la rehabilitación de la infraestructura básica, electricidad, agua, vialidad, escuelas, hospitales; tal como está previsto en los dos fondos que hemos creado donde irán esos recursos, una vez que cese el bloqueo y las sanciones”.

REDACCIÓN MAZO