Opinión: Jugando a aplicar el TIAR

La Asamblea Nacional ha anunciado una nueva estrategia. Tras el fracaso de usar la instancia parlamentaria como sede de un “gobierno de transición” y que se diluyeran en el discurso los artículos 233 y 187 de la Constitución, hoy proponen un debate centrado en darle paso a la aplicación en Venezuela del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) o Tratado de Río.

Al respecto, como ya es común es necesario recordarle a la Asamblea Nacional las normas básicas de nuestra Constitución que entienden que las relaciones exteriores son una facultad del Poder Ejecutivo. Por ende, recaen en el único Presidente de la República, en Nicolás Maduro Moros. Mientras que el Poder Legislativo lo que tiene sobre ellas es una función de control, en el orden de los intereses de la República, que se manifiesta autorizando y/o aprobando determinados actos.

Seguidamente, recordemos que el  Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) es un pacto de defensa mutua interamericana suscrito en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente en Río de Janeiro del 15 de agosto al 2 de septiembre de 1947. No todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos lo han firmado y algunos se han retirado.

Por ende, en primer lugar tenemos que recordar que este es un instrumento que existe en el marco de la Organización de Estados Americanos, institución multilateral de la cual Venezuela ya no forma parte aunque el Grupo de Lima y su bancada de diputados venezolanos pretendan que en ese ámbito se produjo una “sucesión” de gobiernos.

Venezuela, insistimos, no forma parte de la Organización de Estados Americanos por la simple razón que nuestras autoridades legítimas solicitaron en 2017 abstraerse de la multilateral, alegando la propia Carta constitutiva de la organización  y esperando el lapso previsto en ella para apartarse.

Seguidamente tenemos que recordar que en mayo de 2012, la República Bolivariana de Venezuela se retiró del tratado junto con Bolivia, Nicaragua y Ecuador, siendo que en esa ocasión se produjo un Comunicado Conjunto que explicó las razones que inspiraron esta decisión en los siguientes términos:

“El TIAR fue creado como mecanismo de defensa continental colectiva como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y su seguimiento por la Guerra Fría, que condicionó y determinó los instrumentos jurídicos internacionales aparentemente destinados a asegurar la paz y la seguridad dentro del marco geográfico interamericano.

Sin embargo, el TIAR demostró ser un instrumento para responder supuestas agresiones de potencias extracontinentales (Unión Soviética y China), demostrando su inutilidad cuando una potencia colonial extracontinental agredió a Argentina en respuesta a su reivindicación legítima de la soberanía de las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur, ocasión en la cual un Estado parte del Tratado apoyó la agresión.

En la práctica, el Tratado ha perdido legitimidad y vigencia por lo que los países abajo firmantes anunciamos -en el marco de la 42 Asamblea General de la OEA- que procederemos a la denuncia formal del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tiar), con fundamento en el artículo 25 del Tratado.”

Visto así, es la Guerra de las Malvinas el incidente histórico que demostró que Estados Unidos, comprometido en este tratado pero también miembro fundamental de la OTAN utiliza los acuerdos que sostiene en virtud de aquél acuerdo y los prioriza sobre estos. Por lo que el TIAR es tan sólo un mecanismo de la protección de la hegemonía estadounidense en la región.

Por eso, políticamente la oposición pretende demostrar el rechazo a la presencia y ayuda que ha significado a la Revolución bolivariana China y Rusia; al tiempo que busca extender la vida de la difunta relación entre la OEA y Venezuela, en el marco del retiro y de la exigencia de países como Uruguay en la más reciente reunión de la OEA que los “enviados” de Guaidó fuesen retirados del encuentro.

Jurídicamente, nuevamente es una aventura donde la oposición intenta seguir forzando las competencias de la Asamblea Nacional hasta deformarla haciendo de un poder miembro de un Estado, donde todos conviven y colaboran por los fines comunes, el centro de las operaciones para destruirlo.-