Venezuela denuncia agresiones multiformes y guerra política global ante el Consejo de DDHH de la ONU

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Yván Gil, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores
Cortesía: Cancillería

Publicado: 23/02/2026 10:41 AM

La República Bolivariana de Venezuela a través de su ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil denunció que durante el largo período de agresiones, los activos del país fueron congelados, mientras que los migrantes, fueron objeto de campañas de estigmatización, criminalización y xenofobia. 

Durante su intervención en el 61.º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de este lunes, Gil denunció que el país ha sido víctima de feroces campañas de agresiones multiformes, signadas por presión política, mediática y económica. 

El canciller rememoró que “todo comenzó con una narrativa construida sobre falsos supuestos, informes sesgados, manipulaciones mediáticas y una sistemática campaña para presentar a Venezuela como un Estado violador de derechos humanos. No fue un debate jurídico; fue una operación política”. 

“Se llegó, incluso, a prácticas que avergüenzan la conciencia universal: traslados forzosos, centros de detención degradantes, tratamientos inhumanos que constituyen, en sí mismos, violaciones graves de derechos fundamentales. Todo ello ocurrió ante los ojos del mundo y de la burocracia del sistema multilateral”, dijo Gil.

El diplomático aseguró que es “necesario recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado de manera reiterada resoluciones que reconocen que las medidas coercitivas unilaterales son contrarias al derecho internacional y generan graves impactos en el disfrute de los derechos humanos, particularmente en los derechos económicos, sociales y culturales”. 

En este contexto, destacó que el “Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha advertido sobre los efectos negativos de estas medidas en el acceso a la salud, la alimentación, el desarrollo y la vida digna de los pueblos afectados, subrayando que no deben utilizarse como instrumentos de presión política”.

REDACCIÓN MAZO

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